La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que intensifique sus esfuerzos en la investigación del caso Rancho Izaguirre, donde recientemente fueron hallados restos humanos, objetos personales y evidencia de presuntos crímenes relacionados con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El predio, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue asegurado por autoridades en septiembre de 2024, tras un operativo en el que se detuvo a 10 personas y se rescataron a dos víctimas. Sin embargo, fue hasta este mes que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió nuevas fosas clandestinas, restos óseos calcinados y pertenencias humanas, lo que pone en duda la eficacia de los operativos iniciales.
Según la CIDH, el hallazgo sugiere que el rancho fue utilizado como centro de reclutamiento, entrenamiento, desaparición y asesinato, y calificó como alarmante el hecho de que pudiera haber operado por un periodo prolongado sin intervención adecuada del Estado.
La Comisión también destacó la importancia de que las investigaciones se conduzcan con base científica, aplicando correctamente los tipos penales y considerando posibles omisiones o participación de agentes estatales. “Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, y las familias a recibir justicia y reparación”, expresó el organismo.
Reconocimiento al trabajo de los colectivos
La CIDH valoró la labor del colectivo Guerreros Buscadores y de miles de familiares que, ante la inacción estatal, han liderado tareas de búsqueda en México. “Su labor debe ser garantizada, valorada y protegida”, expresó en su comunicado, reconociendo también que este caso “refleja la degradación de la violencia en niveles contrarios a la dignidad humana”.
El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tomado acciones tras el hallazgo, entre ellas, poner el caso bajo jurisdicción federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, se han ejecutado dos órdenes de aprehensión contra personas vinculadas al lugar.
El Estado también ha anunciado reformas legislativas y mejoras institucionales, incluyendo el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, la creación de una Base Nacional de Información Forense, y la consolidación de la CURP como clave única de identidad. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que no se protegerá a nadie implicado en delitos graves y ha subrayado el compromiso de su gobierno con la verdad y la justicia.
La CIDH exige un proceso digno y transparente
La Comisión recordó que cualquier proceso de identificación de restos y devolución de pertenencias debe hacerse con base en ciencia, respeto y dignidad para las familias afectadas. Asimismo, reiteró que es responsabilidad del Estado evitar la revictimización de los familiares y garantizar su participación en todas las fases del proceso.
La CIDH ha seguido de cerca la situación de desaparición forzada en México desde hace más de 25 años, y considera que el caso del Rancho Izaguirre es emblemático del riesgo sistémico que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias en un contexto de crimen organizado y omisión institucional.
En este sentido, exhortó al Gobierno mexicano a garantizar justicia, construir memoria y verdad, y reforzar la coordinación entre niveles de gobierno para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada.
También te puede interesar: Claudia Sheinbaum destaca detención de ‘El Lastra’ como pieza clave en el caso del rancho Izaguirre
