Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la decisión de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar frenar una auditoría de 898 millones de pesos, correspondientes a fondos federales destinados a la reconstrucción del municipio tras el paso del huracán Otis.
Cuestionada por periodistas, la mandataria subrayó con firmeza que todas las autoridades tienen la responsabilidad de manejar los recursos públicos con transparencia y honestidad, en apego a la legalidad y a los mecanismos institucionales de fiscalización.
La transparencia es un deber de todos, afirma Sheinbaum
“Existen instituciones encargadas de revisar y auditar el uso del dinero público, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados”, recordó Sheinbaum. Estas instancias —explicó— tienen procedimientos establecidos que deben ser respetados por todos los niveles de gobierno.
Sobre el proceso de auditoría, la presidenta detalló que consta de varias etapas: una revisión inicial, seguida de observaciones formales a la entidad auditada, y finalmente un plazo en el que dicha autoridad puede responder y justificar el uso de los recursos observados.
“Hay mecanismos para solventar las observaciones. Hay que actuar dentro de ese marco legal, donde toda autoridad tiene derechos y obligaciones”, puntualizó.
El caso Abelina López y el huracán Otis
La alcaldesa Abelina López ha sido señalada por intentar detener una auditoría federal y una revisión estatal relacionadas con el destino de fondos públicos para la reconstrucción de Acapulco, uno de los municipios más afectados por el huracán Otis en octubre de 2023.
La acción legal emprendida por la edil ante la SCJN ha generado críticas tanto a nivel local como nacional, en medio de demandas de mayor claridad sobre el uso de los casi 900 millones de pesos que se destinaron a apoyar a miles de familias damnificadas.
La postura de la presidenta refuerza el mensaje de que la rendición de cuentas debe ser un principio ineludible en cualquier administración pública, especialmente cuando se trata de recursos asignados a la atención de emergencias y reconstrucción de zonas vulnerables.
El caso sigue en revisión judicial, mientras la ASF y el órgano estatal de fiscalización continúan con sus respectivas auditorías.
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