Un informe de la organización Causa en Común reveló que, durante 2024, al menos siete estados en México registraron más desapariciones que homicidios, una tendencia alarmante que visibiliza una de las formas más graves de violencia e inseguridad que enfrenta el país.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Durango presentó la diferencia porcentual más alta: 159 desapariciones frente a 80 homicidios, lo que representa un 98.7% más personas no localizadas que muertes violentas.
Otras entidades que también mostraron una mayor incidencia de desapariciones respecto a homicidios fueron:
- Ciudad de México: 1,679 desapariciones vs. 985 homicidios
- Zacatecas: 604 desapariciones vs. 508 homicidios
- Tamaulipas: 583 desapariciones vs. 412 homicidios
- Nayarit: 245 desapariciones vs. 193 homicidios
- Aguascalientes: 142 desapariciones vs. 126 homicidios
- Baja California Sur: 92 desapariciones vs. 78 homicidios
Estos datos, representados gráficamente por El Economista, reflejan un patrón preocupante en el que la violencia se manifiesta no solo a través de homicidios, sino también mediante desapariciones forzadas o involuntarias que, en muchos casos, quedan impunes y sin respuesta institucional efectiva.
Además, el informe indica que en al menos 10 estados del país se incrementaron los casos de personas desaparecidas respecto al año anterior, lo que posiciona esta problemática como una de las más urgentes en términos de derechos humanos y justicia.
La creciente brecha entre desapariciones y homicidios ha motivado a diversos colectivos, especialmente a familiares de víctimas, a exigir mayor transparencia, recursos y coordinación entre autoridades estatales y federales para investigar estos casos, así como para prevenir nuevas desapariciones.
En un país que ya acumula más de 120 mil personas desaparecidas en las últimas décadas, este informe refuerza la necesidad de priorizar políticas públicas integrales y con enfoque en víctimas, que garanticen verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.
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