Más de 20 expresidentes iberoamericanos alzaron la voz este jueves para denunciar la “destrucción” del Poder Judicial en México y lo que calificaron como el fin del equilibrio de poderes, tras la inédita elección popular de jueces, magistrados y ministros celebrada el pasado 1 de junio. A través de un comunicado conjunto, los exmandatarios, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), afirmaron que se ha consumado “el asesinato de una joven democracia”, y señalaron que el proceso no puede considerarse democrático ni en su origen, ni en su desarrollo ni en sus resultados.
“La elección que se consuma, auspiciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y secundada por su sucesora Claudia Sheinbaum, no tuvo como fin la justicia, sino la venganza y el fortalecimiento autoritario de la presidencia”, expresa el documento.
Críticas a la legitimidad y participación ciudadana
Uno de los argumentos más contundentes del grupo radica en la baja participación ciudadana, la cual —según los firmantes— no superó el 13 % del electorado, un dato que contrasta con la narrativa oficial que presentó el proceso como un ejercicio democrático sin precedentes.
También criticaron la complejidad y opacidad del proceso, señalando que se presentaron más de 2.500 candidaturas federales y locales, muchas de ellas desconocidas y arbitrariamente distribuidas entre distritos electorales, lo que dificultó —afirman— una elección informada y auténtica por parte del pueblo mexicano.
Firmas de alto calibre
Entre los firmantes se encuentran expresidentes de México, como Vicente Fox y Felipe Calderón, así como los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar, y figuras de Colombia (Andrés Pastrana, Iván Duque), Costa Rica, Paraguay, Panamá, El Salvador, Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Uruguay.
El posicionamiento del Grupo IDEA se suma a las recientes observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que desaconsejó replicar el modelo mexicano en otros países, advirtiendo que podría comprometer la independencia, imparcialidad y eficacia de los sistemas judiciales en la región.
La OEA también resaltó el clima de polarización política y las deficiencias estructurales del proceso, además de calificar de “extremadamente baja” la participación electoral en dicha elección.
La defensa del oficialismo
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha defendido en reiteradas ocasiones el nuevo modelo, asegurando que con él “México se convierte en el país más democrático del mundo” al permitir por primera vez que la ciudadanía elija directamente a quienes imparten justicia.
La reforma constitucional que dio origen al proceso fue promulgada por Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, en los últimos días de su mandato, con el apoyo de Sheinbaum, quien en su momento coincidió con la necesidad de “limpiar el Poder Judicial” y democratizar su estructura.
Una grieta abierta en el debate sobre justicia y democracia
La misiva del Grupo IDEA concluye con una severa advertencia sobre el rumbo del país:
“En nuestro criterio, ha ocurrido un grave quiebre de la democracia constitucional en México”.
Este pronunciamiento revive el debate sobre los límites entre la participación directa del pueblo y la preservación de un sistema de justicia independiente, un equilibrio que, según los exmandatarios, hoy se encuentra gravemente alterado en el país.
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