El Gobierno de México aseguró que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no representa una amenaza para la privacidad, la libertad de expresión ni los derechos de las audiencias, desmintiendo señalamientos de espionaje y censura promovidos en días recientes por sectores de la oposición y organizaciones civiles.
Durante la conferencia matutina del 1 de julio, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, sostuvo que el dictamen aprobado por el Senado mantiene prácticamente los mismos mecanismos legales que ya estaban establecidos en la ley vigente desde 2014.
“No se faculta ni a la Agencia ni al nuevo regulador para acceder a datos personales. Todo acceso a datos o geolocalización requiere una orden judicial por escrito, fundada y motivada”, afirmó Peña Merino.
Mismo contenido legal desde 2014
En particular, el funcionario se refirió al artículo 183 del dictamen, el cual —según dijo— replica el lenguaje del artículo 190 de la Ley de 2014. Este artículo obliga a las empresas concesionarias a colaborar con las autoridades en investigaciones judiciales, pero no otorga facultades discrecionales para espiar.
Además, destacó que tanto dicho artículo como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales especifican que cualquier solicitud de acceso a datos debe contar con respaldo judicial previo.
Sobre el derecho a las audiencias
En respuesta a las acusaciones de posibles actos de censura por parte del nuevo organismo regulador, Peña Merino aclaró que la protección de los derechos de las audiencias —establecidos en el artículo 6° constitucional— permanece sin alteración.
“No hay ningún acto de censura. Lo que hay es la posibilidad de que las audiencias presenten una queja ante el defensor correspondiente del medio”, explicó.
Los derechos mencionados incluyen la protección contra la discriminación, la promoción de la igualdad de género, la distinción clara entre publicidad y contenido editorial, y el acceso a programación infantil adecuada. En caso de incumplimiento, el único mecanismo sancionador es un apercibimiento administrativo, no la imposición directa de contenido.
Plataforma Llave MX no representa riesgos, según el Gobierno
En otro tema abordado durante la conferencia, Peña Merino rechazó versiones sobre posibles suplantaciones de identidad mediante la plataforma Llave MX, un sistema de autenticación digital para trámites gubernamentales.
Aclaró que la plataforma, aunque permite crear cuentas con datos básicos como la CURP, no posibilita completar trámites oficiales sin documentación adicional validada por servidores públicos.
“No puedes iniciar y concluir un trámite por completo simplemente con Llave MX. Siempre se requiere documentación oficial”, subrayó.
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