La presidenta afirmó que las contrataciones con empresas proveedoras de material electoral se remontan a 1999 y señaló que el Consejo General encabezado por Córdova mantuvo los lineamientos. El exconsejero respondió que las auditorías de su gestión no detectaron irregularidades.
La revisión de los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente de señalamientos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el exconsejero presidente Lorenzo Córdova. La mandataria sostuvo que las contrataciones con empresas proveedoras de material electoral no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde 1999 y continuaron durante la gestión de su antecesor.
Durante su conferencia matutina de este viernes 30 de octubre, Sheinbaum retomó declaraciones de Córdova sobre los problemas que, según la mandataria, ya existían con algunas empresas encargadas de fabricar materiales electorales. Cuestionó que durante su periodo al frente del organismo se mantuvieran los lineamientos de contratación con esos proveedores.
“Él mantuvo los lineamientos de contratación con las mismas empresas”, afirmó la presidenta al referirse al exconsejero.
El señalamiento forma parte de la discusión sobre los posibles conflictos de interés y las presuntas irregularidades en contratos del INE, un asunto que también involucra a proveedores relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei.
Sheinbaum sitúa los antecedentes desde 1999
La presidenta aseguró que las relaciones comerciales con las empresas señaladas tienen una trayectoria más larga de lo que se ha discutido públicamente. Según su exposición, desde 2014 los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) mantuvieron lineamientos para contratar material electoral con esos proveedores.
También cuestionó el proceso de integración de los organismos locales, al recordar que el Consejo General del INE encabezado por Córdova participó en la designación de sus consejeros.
Sheinbaum mencionó además que Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral de Sonora antes de llegar a la titularidad del INE en 2023. Con ese antecedente, sostuvo que las relaciones entre los proveedores y las instituciones electorales deben revisarse más allá de una sola administración.
La mandataria ha solicitado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examine las contrataciones de distintos periodos, con el propósito de identificar desde cuándo operan los vínculos comerciales y si existieron irregularidades.
Córdova sostiene que las auditorías no detectaron anomalías
El exconsejero presidente respondió el 28 de octubre a la petición de revisar su gestión, que estuvo al frente del INE entre 2014 y 2023.
Córdova aseguró que el instituto fue auditado durante esos años por distintas instancias y que la ASF no encontró irregularidades en las revisiones correspondientes a su administración. También afirmó que las observaciones recibidas fueron atendidas en tiempo y forma.
Según su versión, la última auditoría que le correspondió en 2022 concluyó sin señalamientos. Añadió que el Órgano Interno de Control tampoco encontró irregularidades relevantes durante ese periodo.
De esta manera, mientras Sheinbaum considera necesario revisar los contratos de administraciones anteriores, Córdova sostiene que su gestión ya estuvo sujeta a fiscalización y que no se acreditaron anomalías.
La auditoría deberá determinar si hubo irregularidades
El debate ocurre mientras las autoridades revisan los señalamientos relacionados con proveedores de material electoral y posibles conflictos de interés dentro del organismo.
La presidenta ha insistido en que la auditoría debe abarcar tanto el periodo de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores. También ha pedido que se transparenten los contratos y que, si las investigaciones identifican posibles actos ilícitos, las instancias correspondientes determinen las responsabilidades.
Sheinbaum ha evitado anticipar consecuencias penales para Taddei y pidió esperar los resultados de las revisiones de la ASF y de la Fiscalía. Hasta el momento, los señalamientos públicos no equivalen a una resolución que establezca responsabilidades contra los funcionarios mencionados.
El resultado de las auditorías será clave para establecer si las contrataciones se realizaron conforme a la ley, si hubo beneficios indebidos para proveedores o si existieron fallas administrativas. Por ahora, la controversia mantiene bajo escrutinio tanto la gestión actual como los periodos anteriores del organismo electoral.
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