La iniciativa enviada al Congreso plantea exigir nacionalidad única para quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha una reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales.
La iniciativa fue recibida este domingo 30 de agosto por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El proyecto plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para incorporar de manera expresa esta condición.
La propuesta alcanzaría a quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. En todos los casos, las personas candidatas tendrían que conservar únicamente la nacionalidad mexicana al solicitar su registro electoral.
El planteamiento también contempla que, si una persona mexicana por nacimiento posee otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen.
El gobierno federal sostiene que la reforma busca evitar posibles conflictos derivados de una segunda ciudadanía y establecer con mayor claridad las condiciones para ejercer los principales cargos ejecutivos del país.
La reforma busca cerrar un vacío en la Constitución
La iniciativa parte de una diferencia entre las disposiciones constitucionales relacionadas con la nacionalidad.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el artículo 32 establece reglas para los cargos reservados a mexicanos por nacimiento. Sin embargo, los artículos que regulan los requisitos para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno no precisan de manera expresa qué debe ocurrir cuando una persona mexicana por nacimiento también posee otra nacionalidad.
Según la explicación presentada por el gobierno, esta situación ha generado interpretaciones distintas y un vacío sobre la forma en que debe acreditarse la nacionalidad única para ejercer esas responsabilidades.
Por ello, la propuesta busca incorporar directamente en los artículos 82, 116 y 122 la obligación de no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Para el caso de la Presidencia, el proyecto establece que la persona deberá ser mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos, ser hija o hijo de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda ciudadanía, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.
La misma regla se extendería a quienes aspiren a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
La restricción seguiría durante todo el ejercicio del cargo
La propuesta no se limita al momento de competir en una elección.
Una vez que la persona asuma el cargo, tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad. Además, tendría prohibido invocar una ciudadanía extranjera ante autoridades de otro Estado.
El proyecto también contempla restricciones para utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro país.
Asimismo, establece que quienes ocupen esos cargos no podrían ejercer ante otro Estado los derechos políticos derivados de una segunda ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de una nación extranjera.
En caso de incumplimiento, la iniciativa plantea aplicar las sanciones previstas en el Título Cuarto de la Constitución, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos.
La propuesta busca así que la nacionalidad única no sea solamente una condición para aparecer en la boleta electoral. También pretende que se mantenga durante todo el periodo en que una persona ejerza la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.
Cabeza de Vaca cuestiona la propuesta y habla de una posible dedicatoria
La iniciativa comenzó a generar reacciones políticas desde que Sheinbaum planteó públicamente la posibilidad de modificar las reglas sobre doble nacionalidad.
Uno de los primeros personajes en cuestionarla fue el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense y ha manifestado su intención de participar en la contienda presidencial de 2030.
Cabeza de Vaca sostuvo que la reforma podría tener un destinatario específico y relacionó el planteamiento con quienes cuentan con ciudadanía estadounidense.
“Pues pareciera ser que hay una fobia”, declaró el exgobernador al referirse a la propuesta. También afirmó que la iniciativa “trae nombre y apellido”, al considerar que la discusión estaría relacionada con personas en una situación como la suya.
El señalamiento corresponde a la interpretación política de Cabeza de Vaca. La iniciativa presentada por Sheinbaum no menciona su nombre ni establece una disposición dirigida a un aspirante específico.
El proyecto propone una regla general para quienes busquen los principales cargos ejecutivos del país, sin importar qué segunda nacionalidad posean.
Sin embargo, la coincidencia con las aspiraciones presidenciales de Cabeza de Vaca colocó nuevamente su situación migratoria y jurídica en el debate político nacional.
También se prepara un cambio a la Ley de Nacionalidad
La iniciativa constitucional contempla además una segunda etapa legislativa.
Luisa María Alcalde adelantó que, si la reforma es aprobada, el gobierno federal propondrá modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble ciudadanía pueda renunciar formalmente a una de ellas.
El planteamiento incluye que ese procedimiento quede definido antes del registro electoral.
De acuerdo con la propuesta, la persona tendría que acudir ante el Instituto Nacional Electoral para acreditar la renuncia a la otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidata.
De esta manera, el gobierno busca que la condición pueda ser verificada desde la etapa electoral y no quede únicamente como una declaración de la persona aspirante.
La reforma también pretende trasladar esta obligación al ejercicio del cargo. Por ello, quienes resulten electos no podrían posteriormente solicitar o adquirir una nueva nacionalidad.
Sheinbaum ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos deben anteponer los intereses de México a cualquier otro vínculo nacional.
La presidenta planteó originalmente esta modificación el 25 de agosto. Un día después explicó que la medida también buscaba cerrar una posible puerta al “injerencismo” extranjero.
La propuesta fue elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Luisa María Alcalde, con la revisión de Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma apenas comienza su recorrido en el Congreso
La iniciativa todavía no es una modificación constitucional vigente.
El siguiente paso será su análisis legislativo y la elaboración del dictamen correspondiente. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá superar las etapas establecidas por el proceso legislativo antes de convertirse en norma.
La discusión también podría abrir un debate sobre el alcance de la nacionalidad en el ejercicio de cargos públicos y sobre la diferencia entre ciudadanía, derechos políticos y vínculos jurídicos con otros Estados.
Mientras tanto, el proyecto ya establece una ruta concreta: una persona con doble nacionalidad que pretenda competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno tendría que renunciar a la otra ciudadanía antes de solicitar su registro.
Además, si llega al cargo, no podría adquirir otra nacionalidad ni utilizar los derechos asociados con ella mientras permanezca en funciones.
La iniciativa de Sheinbaum coloca así la doble nacionalidad en el centro de una nueva discusión política y constitucional en México. El Congreso tendrá ahora la última palabra sobre el alcance de estas reglas y sobre si la nacionalidad única se convierte en un requisito obligatorio para quienes busquen gobernar el país o sus entidades federativas.
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