El 27 de marzo, familiares de las víctimas y activistas se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir justicia por los 40 migrantes fallecidos en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez hace dos años. Con carteles, flores blancas y fotografías de los afectados, denunciaron la falta de avances en el caso y la impunidad de las autoridades responsables.
Clamor por justicia y responsabilidades
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMIDF), leyó un posicionamiento en representación de las familias afectadas. En él, se criticó la falta de acción del gobierno y se exigió justicia real más allá de una reparación económica. “Ese incendio nos marcó la vida, ya nunca seremos los mismos. Ninguna compensación nos devolverá a nuestros familiares”, declaró.
Las víctimas eran migrantes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador. La tragedia ocurrió cuando un incendio se propagó dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde las personas estaban detenidas y no pudieron ser evacuadas a tiempo.
Denuncias de impunidad y exigencias
Durante la manifestación, activistas y deudos recalcaron que Francisco Garduño, titular del INM, continúa en su cargo a pesar de la negligencia en el caso. Javier Calvillo, defensor de migrantes en Ciudad Juárez, señaló la falta de seguimiento legal y la indiferencia gubernamental. “Aquí no importa la vida, no importan los números, aquí lo que importa es el poder y la impunidad”, lamentó.
Los sobrevivientes también enfrentan consecuencias graves. Dos de ellos han perdido extremidades sin recibir prótesis, mientras que otros presentan daños neurológicos irreparables. Ante esto, los afectados exigen una disculpa pública y garantías para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir en México.
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