Sara Carter aseguró que el gobierno de Donald Trump buscará a quienes colaboren con organizaciones criminales, sin importar si ocupan cargos públicos o son particulares; también pidió mayor cooperación entre México y Estados Unidos.
La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que la administración de Donald Trump buscará llevar ante la justicia a funcionarios y particulares que ayuden o protejan a los cárteles del narcotráfico, sin importar el cargo que ocupen.
La funcionaria reiteró la postura de Washington durante una entrevista con Voz Media, fragmentos de la cual fueron difundidos el jueves 8 de octubre por la dependencia que encabeza. En sus declaraciones, sostuvo que las acciones contra presuntos colaboradores del crimen organizado no excluirán a gobernadores ni a personas que desempeñen actividades comerciales.
“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó Carter.
El mensaje se produce en un contexto de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por las acusaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y por las diferencias sobre el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas también destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre Washington y el gobierno mexicano para combatir a los grupos delictivos.
Carter pide reforzar la cooperación con México
Durante la entrevista, la funcionaria llamó a ambos países a trabajar de manera conjunta contra los cárteles y cuestionó que las organizaciones criminales continúen operando a través de las fronteras.
“Únanse a nosotros, pongan fin a esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos sobre los cuales construir, pero sobre todo, ¿por qué vamos a permitir esto entre nuestras naciones? Estados Unidos ya no va a permitir eso”, expresó.
Carter también sostuvo que, durante el resto de la administración de Trump, los integrantes de los cárteles no deberían sentirse fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.
Las declaraciones refuerzan el discurso de la Casa Blanca de perseguir tanto a los integrantes de las organizaciones criminales como a quienes presuntamente les proporcionen apoyo. Sin embargo, las afirmaciones generales de la funcionaria no representan por sí mismas una acusación formal contra una persona en particular ni acreditan la responsabilidad penal de funcionarios específicos.
Acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios
Las declaraciones de Carter ocurren después de que autoridades estadounidenses acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su administración de presuntamente proteger a integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El caso generó diferencias entre ambos gobiernos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la solidez de la información presentada por Estados Unidos y ha señalado que no se entregaron pruebas contundentes que acreditaran las acusaciones contra Rocha Moya.
Por ello, las imputaciones deben distinguirse de una resolución judicial: los señalamientos de las autoridades estadounidenses no equivalen por sí mismos a una declaración de culpabilidad.
La advertencia de Carter tampoco identificó nuevos funcionarios mexicanos como objetivos de acciones judiciales. Su mensaje se centró en la intención declarada de Washington de perseguir a quienes considere colaboradores de los cárteles, independientemente de su posición.
México ha trasladado a 92 personas a Estados Unidos
En materia de cooperación bilateral, México ha realizado tres entregas de personas requeridas por autoridades estadounidenses entre febrero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con la información proporcionada. En conjunto, los traslados sumaron 92 personas que permanecían recluidas en cárceles mexicanas.
La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron trasladadas 29 personas. Entre ellas figuraron Rafael Caro Quintero y los hermanos conocidos como “El Z-40” y “El Z-42”.
El segundo traslado se realizó el 12 de agosto de 2025 e incluyó a 26 personas, entre ellas Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; Abigael González Valencia, “El Cuini”, y Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”.
La tercera entrega tuvo lugar el 20 de enero de 2026, cuando México trasladó a otras 37 personas consideradas por las autoridades mexicanas como un riesgo para la seguridad nacional. Entre los nombres mencionados estuvieron Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, y Armando Gómez Núñez, “Delta 1”.
Estos traslados forman parte de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y persecución del narcotráfico. Las declaraciones de Carter plantean que Washington busca ampliar sus acciones contra las redes de apoyo de los grupos criminales, mientras que las diferencias sobre las pruebas y los procedimientos legales continúan siendo parte de la relación bilateral.
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