El Ayuntamiento de Playa del Carmen revisa las condiciones de la concesión otorgada a la empresa Playaparq luego del retiro de cajones de estacionamiento en la avenida 10, donde el gobierno municipal construyó una ciclovía como parte de su estrategia de movilidad urbana. La medida ha generado inconformidad por parte de la concesionaria, debido a que los espacios eliminados formaban parte de las áreas sujetas al sistema de parquímetros en la zona centro y turística de la ciudad.
La revisión busca determinar cuáles son las obligaciones y alcances establecidos en el contrato de concesión cuando espacios destinados al estacionamiento son transformados para otros usos públicos.
El tema ha cobrado relevancia debido a que la eliminación de cajones de estacionamiento impacta directamente en la operación del sistema de parquímetros administrado por Playaparq.
Las autoridades municipales señalaron que cualquier decisión deberá apegarse a lo establecido en el documento aprobado por anteriores administraciones y validado por el Cabildo.
Revisan cláusulas de la concesión
El secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quian, informó que actualmente se realiza un análisis jurídico y administrativo de la concesión para determinar el procedimiento que corresponde aplicar en este caso.
De acuerdo con el funcionario, el propio contrato contempla escenarios relacionados con modificaciones al uso del espacio público, incluyendo situaciones en las que los cajones de estacionamiento dejan de existir para dar paso a otros proyectos de infraestructura urbana.
“Bajo el escrutinio de ese documento es como se tomarán las acciones por parte de la empresa y del gobierno”, explicó.
La revisión permitirá conocer si existen mecanismos de compensación, ajustes operativos o cualquier otra disposición relacionada con la reducción de espacios sujetos al cobro de parquímetros.
Las autoridades municipales indicaron que el análisis se desarrolla con apego al marco legal vigente y considerando tanto los derechos de la concesionaria como los intereses de la ciudadanía.
Ciclovía genera cambios en la movilidad urbana
La controversia surgió a partir de la construcción de la ciclovía sobre la avenida 10, una obra impulsada para fortalecer la movilidad alternativa y promover el uso de medios de transporte más sostenibles.
Con la implementación del proyecto fue necesario retirar diversos cajones de estacionamiento que anteriormente eran utilizados por automovilistas y formaban parte del esquema de operación de Playaparq.
La obra forma parte de las acciones municipales encaminadas a mejorar la infraestructura para ciclistas y fomentar una movilidad más segura en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de Playa del Carmen.
Sin embargo, la modificación también abrió un debate sobre el uso del espacio público y la coexistencia entre distintos medios de transporte dentro del centro urbano.
Mientras algunos sectores respaldan la ampliación de infraestructura ciclista, otros han expresado preocupación por la disminución de espacios disponibles para estacionamiento.
Persisten quejas por las arañas inmovilizadoras
Además de la revisión de la concesión, el Ayuntamiento trabaja en atender una de las principales inconformidades ciudadanas relacionadas con el sistema de parquímetros.
Luis Herrera reconoció que existen numerosas quejas por los tiempos de espera para retirar las llamadas “arañas” colocadas en vehículos que presentan alguna infracción relacionada con el servicio.
Ante esta situación, el gobierno municipal busca agilizar los procesos de atención para reducir las molestias a conductores y residentes.
El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio mientras continúan las revisiones sobre distintos aspectos de la concesión.
Zonas habitacionales también permanecen bajo revisión
Otro de los temas analizados por las autoridades municipales tiene relación con la presencia de parquímetros en zonas habitacionales.
Durante administraciones anteriores se establecieron acuerdos para excluir del sistema áreas como la colonia Zazil-Ha y parte de la colonia Gonzalo Guerrero, consideradas sectores residenciales.
Sin embargo, ciudadanos han señalado que existen dudas sobre la aplicación de estos acuerdos y el alcance real de la concesión.
Luis Herrera indicó que todas estas situaciones serán revisadas con base en el documento oficial aprobado por el Cabildo, ya que ahí se encuentran establecidas las condiciones que regulan la operación de Playaparq.
El análisis permitirá determinar si la empresa ha actuado dentro de los límites autorizados y qué medidas podrían adoptarse en caso de que existan observaciones relacionadas con el uso de espacios públicos o zonas habitacionales.
