El gobierno de California llevó a tribunales la cancelación de un proyecto de energía eólica marina y acusa a la administración de Trump de desviar 120 millones de dólares hacia combustibles fósiles.
California abrió un nuevo frente judicial contra la administración de Donald Trump por la cancelación de un proyecto de energía eólica marina frente a la costa de Morro Bay.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, y la Comisión de Energía de California presentaron una demanda contra el gobierno federal y la empresa Golden State Wind LLC. Buscan invalidar el acuerdo mediante el cual se canceló el arrendamiento para desarrollar el parque eólico.
El proyecto contemplaba una capacidad de 2 gigavatios en aguas federales frente a la costa central de California. Además, incluía compromisos por más de 30 millones de dólares para capacitación laboral, desarrollo de proveedores y beneficios para comunidades locales.
El conflicto comenzó en abril, cuando el Departamento del Interior de EE. UU. anunció la terminación del contrato mediante un acuerdo con Golden State Wind. California sostiene ahora que esa operación fue ilegal y que el gobierno federal utilizó recursos públicos para frenar el desarrollo de energía limpia.
La disputa no se limita a la construcción de un solo parque. Para California, la cancelación amenaza inversiones realizadas durante años para crear una industria eólica marina, además de empleos y proyectos de infraestructura vinculados con la transición energética.
Por ello, el caso coloca nuevamente frente a frente la política energética de la administración Trump y la estrategia climática de California.
California cuestiona el uso de 120 millones de dólares
Uno de los puntos centrales de la demanda es el destino de los 120 millones de dólares involucrados en la operación.
Golden State Wind había pagado esa cantidad en 2022 para obtener el arrendamiento de la zona de Morro Bay destinada al proyecto eólico. Sin embargo, el acuerdo de cancelación contempla que el gobierno federal reembolse esos recursos a la empresa mediante el llamado Judgment Fund.
California sostiene que ese mecanismo fue utilizado de manera indebida porque no existía un litigio previo que justificara el pago como parte de un acuerdo judicial.
La administración federal, por su parte, justificó la cancelación al invocar preocupaciones de seguridad nacional. De acuerdo con la Fiscalía de California, el área ya había sido sometida a procesos de revisión y consulta con autoridades federales, incluido el Departamento de Defensa.
La controversia jurídica tendrá que determinar si el Departamento del Interior tenía facultades para cancelar el arrendamiento bajo esas condiciones y utilizar recursos federales para compensar a la empresa.
California también argumenta que el acuerdo viola disposiciones de la legislación federal que regula los arrendamientos en la plataforma continental exterior.
La demanda solicita que un tribunal deje sin efecto el acuerdo y detenga su implementación.
El impacto alcanza empleos e infraestructura energética
El gobierno de California sostiene que la cancelación podría tener consecuencias mucho mayores que la pérdida de un proyecto.
Según la Fiscalía estatal, la suspensión de proyectos de energía eólica marina podría poner en riesgo hasta 174 mil 750 empleos vinculados con esta industria, además de inversiones en infraestructura y desarrollo económico.
La cifra corresponde a una estimación estatal relacionada con el conjunto de proyectos de energía eólica marina que podrían verse afectados, por lo que no significa que esos empleos correspondan exclusivamente al parque de Morro Bay.
California también señala que ha destinado más de 100 millones de dólares para preparar puertos, sistemas de transmisión y otras instalaciones necesarias para el desarrollo de esta industria.
Los puertos de Long Beach y Humboldt forman parte de esa estrategia, debido a que estaban contemplados para actividades relacionadas con el montaje y operación de infraestructura eólica marina.
Además, el estado tiene como objetivo alcanzar 25 gigavatios de capacidad eólica marina para 2045. De acuerdo con su planificación energética, ese volumen podría generar electricidad suficiente para aproximadamente 25 millones de viviendas y representar cerca de 13 por ciento del suministro eléctrico estatal.
La cancelación de arrendamientos, por tanto, representa para California un obstáculo para una estrategia energética que lleva años en preparación.
La disputa forma parte de una ofensiva más amplia
El caso de Golden State Wind no es aislado.
Durante este año, la administración federal también ha impulsado acuerdos para cancelar otros arrendamientos de energía eólica marina. En junio, el Departamento del Interior anunció otro acuerdo relacionado con Invenergy para terminar un contrato en la misma zona de Morro Bay.
California ya había anunciado entonces que preparaba acciones legales contra esa operación. El estado sostiene que los acuerdos para retirar proyectos eólicos están afectando inversiones públicas y privadas destinadas a desarrollar una nueva industria energética.
En julio, la Fiscalía de California informó que el gobierno federal había comprometido más de 111 millones de dólares adicionales para cancelar otro arrendamiento de Invenergy. Ese proyecto también contemplaba una capacidad de hasta 2 gigavatios.
La administración Trump ha defendido su política de revisión y suspensión de proyectos eólicos marinos, mientras California sostiene que las cancelaciones frenan una fuente de energía que considera estratégica para reducir emisiones y ampliar su capacidad eléctrica.
El Departamento de Energía y otras dependencias federales han planteado una política energética más favorable a los combustibles fósiles. California, en cambio, mantiene una estrategia enfocada en ampliar las energías renovables y reducir su dependencia de fuentes contaminantes.
En ese contexto, la demanda presentada por Bonta no solamente busca recuperar un contrato. También representa una disputa sobre el rumbo energético de uno de los estados con mayores metas de transición energética de EE. UU.
El proyecto de Morro Bay queda ahora en manos de los tribunales
Golden State Wind obtuvo el arrendamiento después de una subasta realizada en 2022. El proyecto había sido planteado como parte del desarrollo de una nueva industria eólica marina frente a California.
Ahora, su futuro dependerá de la resolución del litigio.
California sostiene que la cancelación vulnera distintas disposiciones federales y que el acuerdo para retirar el proyecto no puede sostenerse legalmente. La administración federal deberá defender ante los tribunales la facultad utilizada para terminar el arrendamiento y realizar el pago.
Mientras tanto, el conflicto deja en suspenso una inversión que también estaba vinculada con capacitación laboral, cadenas de suministro y beneficios para comunidades costeras.
La disputa tiene además una dimensión ambiental. La energía eólica marina forma parte de la estrategia de California para aumentar la generación eléctrica sin recurrir a combustibles fósiles. Por ello, cada proyecto cancelado puede retrasar la construcción de infraestructura necesaria para alcanzar sus objetivos climáticos.
El caso de Morro Bay será ahora una prueba para determinar hasta dónde puede llegar el gobierno federal para revertir proyectos de energía renovable previamente adjudicados.
La batalla legal apenas comienza, pero su alcance va más allá de las costas de California. Lo que está en juego es también el futuro de una industria que el estado considera clave para su transición energética y que la administración Trump busca frenar.
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