CJNG y Cártel de Sinaloa, principales responsables del crecimiento de más del 100% de desapariciones en Chiapas

La desaparición forzada de personas se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en México. Un reciente análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revela que, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desapareció una persona cada hora, sumando más de 115 mil víctimas, es decir, 50 mil más que al cierre del sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Las entidades con mayor número de personas desaparecidas al cierre del sexenio lopezobradorista fueron:

  • Jalisco: 15,042 personas desaparecidas
  • Estado de México: 13,711
  • Tamaulipas: 13,353

Estas cifras colocan a dichas entidades como epicentros de desapariciones en el país, consecuencia directa de la expansión de grupos criminales y el uso sistemático del reclutamiento forzado en comunidades vulnerables.

Chiapas, bajo fuego

Particular preocupación genera el estado de Chiapas, donde, según el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), se registraron 4,493 desapariciones durante el sexenio de AMLO, comparadas con 1,681 al final del gobierno de Peña Nieto.

El documento titulado “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” advierte que estas desapariciones están directamente relacionadas con la lucha territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en municipios como Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de las Casas y Tila.

«Se busca el control de la vida social, económica y política de las comunidades a través de la estrategia del terror», apunta el informe de Frayba.

Desplazamiento forzado y reclutamiento criminal

Además de las desapariciones, el informe documenta un patrón de desplazamiento forzado y reclutamiento criminal, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Según testimonios, muchas personas fueron obligadas a colaborar con los grupos criminales bajo amenazas de muerte, y otras fueron secuestradas y desaparecidas.

Un ejemplo preocupante ocurrió en 2024, cuando en Chicomuselo y Pantelhó, habitantes relataron a medios como InSight Crime que los grupos delictivos impedían a los pobladores abandonar sus comunidades. “La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”, denunció un defensor de derechos humanos.

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe de Frayba es la violencia de género vinculada a las desapariciones. En Chiapas, el 47.5% de las personas desaparecidas durante el sexenio de López Obrador fueron mujeres, casi el doble del promedio nacional, que ronda el 25%.

Del total de mujeres desaparecidas (2,136 casos):

  • 647 eran mayores de 20 años
  • 775 eran adolescentes entre 15 y 19
  • 1,114 eran niñas menores de 14 años

Este fenómeno, señalan los especialistas, está ligado a violencia feminicida, trata de personas, explotación sexual, así como represalias contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos.

Crisis sistemática e impunidad

El Centro Frayba remarcó que, si bien parte de este aumento puede explicarse por una mayor visibilización del fenómeno y mejoras en los registros, lo cierto es que la impunidad y la falta de respuesta estatal han agravado la situación. “La desaparición se ha convertido en una herramienta más de control y violencia en las comunidades”, subrayaron.

Además, advierten que la desaparición de menores y adolescentes también responde a fines de trata, explotación laboral y reclutamiento armado.

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