El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a ser el centro de la controversia. En días recientes, agentes deportaron a tres menores con nacionalidad estadounidense y separaron a una madre cubana de su hija de apenas un año de edad, acciones que, según abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, son un «abuso de poder» cada vez más habitual.
De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Project y otros grupos aliados, las deportaciones se llevaron a cabo con tal rapidez que las afectadas no tuvieron oportunidad real de hablar con abogados ni familiares antes de ser expulsadas. «No solo es impactante, es parte de una tendencia creciente de ICE a actuar fuera de cualquier respeto básico por los derechos fundamentales», advirtió Grace Willis, abogada del National Immigration Project.
Deportaciones relámpago y menores vulnerables
En uno de los casos, una madre hondureña fue arrestada durante una cita rutinaria en la oficina de ICE en Nueva Orleans, junto a su hija de dos años —ciudadana estadounidense— y su otra hija de once, nacida en Honduras. Según la información disponible, la madre y la niña mayor tenían órdenes de deportación pendientes, pero la menor de dos años no. Pese a ello, fue deportada sin que existiera un proceso claro que garantizara sus derechos.
En medio de este proceso irregular, un juez federal de Luisiana, Terry Doughty, intervino al percatarse de la gravedad del caso. Ordenó una audiencia para el próximo 16 de mayo, en un intento por esclarecer lo que llamó «fuertes sospechas de que el gobierno simplemente deportó a una ciudadana estadounidense sin ningún proceso significativo».
ICE, mientras tanto, intentó justificar la acción argumentando que la madre quería que su hija menor la acompañara a Honduras. No obstante, los abogados del padre —también residente en Estados Unidos— aseguraron que él había delegado la custodia legal de la niña a su cuñada, una ciudadana estadounidense que vive en Baton Rouge. Además, denunciaron que ICE usó a la menor como moneda de cambio para forzar al padre a entregarse.
Otro caso que encendió las alarmas fue el de dos niños, de cuatro y siete años, también nacidos en Estados Unidos, que fueron deportados junto con su madre hondureña. Uno de los menores, de apenas cuatro años, padece una forma rara de cáncer, una condición que no detuvo al ICE de enviarlo a Honduras en menos de 24 horas tras su arresto.
Separación sin aviso y deportaciones bajo sospecha
En paralelo, en Florida, la cubana Heidy Sánchez fue detenida en una cita rutinaria en Tampa. Sánchez es madre de una niña de un año, aún en etapa de lactancia, y esposa de un ciudadano estadounidense. Según relató su abogada, Claudia Cañizares, ICE no solo la arrestó sin previo aviso, sino que también bloqueó cualquier intento de comunicación legal o familiar.
Sánchez fue deportada a Cuba apenas dos días después de su detención, a pesar de que su abogada trató de presentar documentos para frenar el proceso. «No aceptaron nada. Dijeron que ya se había ido, aunque yo no creí que eso fuera cierto», denunció Cañizares. Más tarde, ICE confirmó que Sánchez ya había sido liberada en Cuba, imposibilitando cualquier intento de apelación inmediata.
La mujer, que había enfrentado un proceso migratorio complicado desde 2019 —cuando fue detenida tras ausentarse a una audiencia de inmigración—, nunca fue considerada una amenaza criminal. «Esto no tiene nada que ver con seguridad pública», enfatizó su abogada, «simplemente están siguiendo órdenes de deportar una cuota diaria de personas sin importar las circunstancias humanitarias».
Sánchez había sido liberada en 2020 porque, en ese momento, Cuba se negó a recibirla. Desde entonces, mantenía un régimen de presentación periódica ante ICE, cumpliendo todas las citas programadas.
Un patrón cada vez más evidente
Lo ocurrido en estos casos evidencia lo que muchos abogados y defensores de derechos humanos han advertido: una maquinaria de deportaciones que avanza sin frenos, priorizando números sobre vidas humanas. El ICE niega constantemente que exista una «cuota» de deportaciones diarias, pero la rapidez con la que se procesan estos casos, sin revisar argumentos legales ni condiciones humanitarias, demuestra lo contrario.
La comunidad de inmigrantes y sus defensores siguen en alerta. No solo porque se deportan personas, sino porque el procedimiento mismo parece impregnado de irregularidades, atropellos legales y un desprecio sistemático por el debido proceso. Como dijo Cañizares, «honestamente, no les importa».
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