El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, celebró públicamente este miércoles la anulación de la orden de captura en su contra, dictada por un juzgado de Tarija en el marco de una causa por trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor de edad. Morales, quien aspira a postularse nuevamente en las elecciones presidenciales de agosto, aseguró que “llegó la justicia” tras la decisión judicial.
“Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia. La lucha inclaudicable, junto al pueblo, por la verdad y por nuestros derechos, siempre dan buenos frutos”, escribió Morales en su cuenta de X, agradeciendo a Dios, a la Pachamama y a su base de apoyo del Trópico de Cochabamba.
La decisión judicial
La orden de captura fue anulada por la jueza departamental Lilian Moreno, de Santa Cruz, luego de que la defensa del exmandatario presentara una queja formal solicitando que el proceso fuese trasladado a Villa Tunari, localidad en la que reside Morales, bajo el argumento de que debía ser juzgado por un “juez natural”.
En la resolución judicial se establece que se deja sin efecto la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión, así como cualquier otra medida restrictiva contra Morales, garantizándole nuevamente su libertad de movimiento mientras el caso se reinicia en otra jurisdicción.
No obstante, la resolución ha generado una fuerte polémica. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, expresó su desacuerdo con la jueza Moreno y advirtió sobre el riesgo de impunidad en casos delicados: “No compartimos que ciudadanos procesados por hechos de pedofilia puedan burlar la justicia de esta manera”.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció el inicio de una investigación interna para determinar si la jueza incurrió en alguna falta o irregularidad al emitir el fallo. “Si se confirma que la jueza actuó fuera del marco legal, habrá sanciones correspondientes”, aseguró.
Antecedentes del caso
El caso contra Morales se remonta a octubre de 2024, cuando la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez emitió una orden de aprehensión por una denuncia que lo vincula con una relación con una menor de edad durante su mandato. En enero de 2025, un tribunal de esa región lo declaró en rebeldía tras ausentarse de dos audiencias, justificando su inasistencia por razones de salud.
La denuncia se basa en declaraciones y presuntas pruebas que apuntan a que Morales habría tenido un hijo con una menor cuando todavía ejercía la presidencia, hechos que él niega categóricamente, calificándolos como una “persecución política”.
Morales, en camino a la candidatura
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, pretende postularse nuevamente a la Presidencia en las elecciones previstas para el 17 de agosto. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia prohíbe expresamente la reelección continua o discontinua más de una vez, obstáculo que sus adversarios políticos esperan usar para inhabilitarlo.
Desde su retorno a la arena política, Morales ha sostenido que existe una “campaña judicial y mediática” para impedir su participación electoral. Con la anulación de la orden de captura, sus seguidores han visto un posible giro a su favor.
Mientras tanto, sectores opositores y defensores de derechos humanos insisten en que el proceso judicial debe continuar con garantías y apego al debido proceso, sin privilegios ni impunidad para ningún actor político, sea cual sea su trayectoria.
La controversia reaviva el debate sobre el uso del sistema de justicia en Bolivia como herramienta de persecución o protección según el color político del acusado. La atención ahora se centrará en si Morales podrá o no concretar su aspiración de volver al poder.
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