En un gesto que recuerda al llamado de «pobreza franciscana» de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Xi Jinping reforzó su línea dura contra el despilfarro público. El pasado 18 de mayo, el Partido Comunista de China emitió una directriz que insta a todos los funcionarios a reducir gastos superfluos en viajes, comidas, oficinas, alcohol y cigarrillos. El mensaje es claro: se acabaron los lujos.
La medida, divulgada por la agencia oficial Xinhua, exige «estricta diligencia y ahorro» y condena de forma directa «la extravagancia y el despilfarro». Según el comunicado, «el despilfarro es vergonzoso y la economía es gloriosa», una frase que sintetiza el enfoque del régimen ante las crecientes presiones fiscales que enfrentan los gobiernos locales.
El impacto fue inmediato en los mercados. El índice de consumo básico dentro del CSI 300 cayó 1.4% el lunes 19 de mayo. Empresas icónicas como Kweichow Moutai y Luzhou Laojiao, conocidas por sus licores de lujo, se desplomaron 2.2% y 2.6%, respectivamente, marcando sus peores caídas en semanas. La señal es inequívoca: el consumo ostentoso ya no es bien visto ni entre las élites del partido.
Entre la deuda y el crecimiento: el dilema de Beijing
La directriz no es nueva, sino una continuación de la campaña de austeridad que Xi Jinping inició desde hace años, con el doble objetivo de frenar la corrupción y equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, ahora adquiere urgencia. La caída de los ingresos por venta de terrenos ha mermado las finanzas locales, mientras la deuda de gobiernos subnacionales sigue creciendo.
En 2023, Beijing lanzó su mayor ofensiva hasta ahora para contener el riesgo crediticio de las autoridades locales. El mensaje de apretarse el cinturón no es una metáfora: los presupuestos están al límite y la presión para mantener el crecimiento económico sin recursos frescos es cada vez más evidente.
Y aunque la producción industrial creció 6.1% interanual en abril, superando las previsiones, el consumo no respondió. Las ventas minoristas aumentaron solo 5.1%, muy por debajo de lo esperado, lo que refleja una confianza aún frágil entre los consumidores chinos.
Los expertos advierten que la política de austeridad, aunque necesaria, podría entrar en conflicto con los objetivos de crecimiento interno. Las tensiones comerciales con EE. UU. han disminuido, pero la crisis inmobiliaria, la deflación y el desempleo juvenil siguen minando la estabilidad social y económica del país.
Austeridad como extensión de la campaña anticorrupción y consolidación del poder
Esta nueva directriz de austeridad no surge de manera aislada. Desde su ascenso al poder en 2012, Xi Jinping ha encabezado una extensa campaña anticorrupción que ha resultado en la sanción de más de 2.3 millones de funcionarios, incluyendo a altos cargos como Zhou Yongkang, exministro de Seguridad Pública, y Bo Xilai, exsecretario del Partido en Chongqing.
Esta ofensiva, que ha abarcado tanto a “tigres” (altos funcionarios) como a “moscas” (cuadros de nivel inferior), ha sido presentada como un esfuerzo por restaurar la confianza pública en el Partido Comunista Chino y fortalecer el Estado de derecho.
Sin embargo, críticos señalan que esta campaña también ha servido para consolidar el poder de Xi, eliminando a rivales políticos y reforzando su control sobre el aparato estatal. La creación de la Comisión Nacional de Supervisión en 2018, una agencia que combina las funciones anticorrupción del partido y el Estado, ha sido vista como un paso hacia una mayor centralización del poder, exacerbando preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas.
En este contexto, la reciente imposición de medidas de austeridad puede interpretarse no solo como una respuesta a las presiones económicas, sino también como una extensión de la estrategia de Xi para consolidar su liderazgo y reforzar la disciplina dentro del partido.
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