La frontera sur de EE. UU. está adoptando un nuevo carácter: el de un frente militar. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el despliegue de fuerzas armadas, vehículos de combate y zonas restringidas está transformando la región fronteriza, a pesar de que los cruces irregulares han alcanzado niveles históricamente bajos.
En El Paso, Texas, donde se extiende una de las nuevas Áreas de Defensa Nacional, el paisaje ha cambiado. Desde abril y mayo, el Pentágono consolidó dos zonas militares en la frontera, transformando 358 kilómetros en extensiones de bases como Fort Bliss y Fort Huachuca. Este movimiento permitió a los militares asumir un papel más activo sin necesidad de declarar un estado de insurrección.
Militares, sensores y zonas restringidas: la nueva normalidad
Los soldados no realizan arrestos directos, pero interceptan migrantes y alertan a la Patrulla Fronteriza. Según la Ley Posse Comitatus, están impedidos de ejercer tareas policiales, pero la doctrina del «propósito militar» permite su actuación cuando se trata de proteger instalaciones militares.
La estrategia fue legitimada con un memorándum firmado por Trump el 11 de abril, donde justificó que la «complejidad de la situación» requería una mayor implicación del Ejército. Esto permitió transferir terrenos fronterizos del Departamento del Interior al de Defensa, dando origen a las mencionadas Áreas de Defensa Nacional.
El despliegue incluye más de 8.000 soldados, más de 100 vehículos Stryker, helicópteros Black Hawk y drones. Unos 1.700 carteles bilingües advierten sobre el riesgo de entrar en zonas militares. Los migrantes que ingresan pueden ser detenidos temporalmente por los militares hasta que llegue la autoridad migratoria.
Para los mandos militares, la frontera es ahora un teatro de operaciones. El general Jeremy Winters, a cargo de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, sostiene que aportan capacidades de inteligencia, vigilancia y respuesta rápida que la Patrulla Fronteriza no tiene.
Una frontera sin crisis, pero con discurso de emergencia
Pese a que en abril solo se registraron 8.000 detenciones en toda la frontera —muy lejos de las 128.000 de hace un año—, el gobierno de Trump sigue hablando de una «invasión» y una «crisis». La cifra de detenciones diarias en El Paso cayó de 2.500 a apenas 67. No obstante, se mantiene el discurso de emergencia.
Trump ha dado 90 días a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional para evaluar si debe invocar la Ley de Insurrección, que le permitiría usar al Ejército sin restricciones legales. La medida ha sido criticada por expertos legales, como Elizabeth Goitein del Brennan Center for Justice, quien advierte que el gobierno está intentando convertir parte de la frontera en una instalación militar para justificar la acción directa de los soldados.
Además del despliegue interno, hay coordinación con fuerzas mexicanas en «patrullajes espejo». Aunque los mandos insisten en que todo se hace dentro del marco legal, la preocupación por una militarización permanente va en aumento. La lógica de emergencia contrasta con la realidad de una frontera que, según sus propios datos, ya no está bajo presión.
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