La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó una advertencia contundente este viernes: el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados no debe replicarse en otros países de la región. En su informe preliminar, la misión expresa su preocupación por los múltiples desafíos que enfrentó este proceso inédito en México, el cual registró apenas un 13% de participación ciudadana, uno de los niveles más bajos de la región.
La elección, celebrada el pasado domingo, derivó de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 que instauró el sufragio universal como mecanismo para seleccionar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Según la OEA, no existe precedente en el mundo de un modelo donde la totalidad de jueces de un país se elige por voto popular, lo que genera riesgos para la imparcialidad, independencia y eficacia de la justicia.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique en otros países de la región”, subraya el informe.
Baja participación y serias deficiencias operativas
Si bien el proceso se llevó a cabo de forma pacífica, la OEA advierte sobre la baja participación electoral, la ausencia de mecanismos accesibles para personas con discapacidad y un alto número de votos nulos y no marcados, que representaron el 10.80% del total.
El organismo también observó retrasos en la instalación de casillas, con solo el 41.7% abiertas a las 09:00 horas. Asimismo, criticó la ausencia de un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la decisión del INE de trasladar las boletas directamente a los consejos distritales sin conteo en casilla, lo cual representa un cambio significativo del modelo electoral habitual en México.
A ello se sumó una controversia institucional por la presencia de elementos de las fuerzas armadas en la sesión del Consejo General del INE, situación que generó división entre sus integrantes.
Candidaturas afines al oficialismo y riesgo de politización
De acuerdo con el informe, los primeros resultados apuntan a que el oficialismo controlará las principales instancias del nuevo Poder Judicial, con candidatos afines dominando los nombramientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La misión advirtió que seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el Ejecutivo, lo que “levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal respecto al gobierno federal”. Las otras tres personas electas ya formaban parte de la Corte y fueron designadas por el expresidente, consolidando así un bloque sin contrapesos institucionales visibles.
La OEA también alertó sobre los riesgos de politización del Poder Judicial bajo este esquema: al existir posibilidad de reelección y mandatos de nueve años, los jueces podrían fallar en función de las preferencias del electorado y no de criterios jurídicos, socavando la esencia técnica e independiente de la justicia.
Denuncias de coacción y falta de estándares
Durante la campaña, se denunciaron prácticas como el reparto de “acordeones” con listas de candidatos sugeridos, lo que podría configurar una forma de coacción del voto. Aunque el informe reconoce la amplia difusión de los comicios por parte del INE y de las candidaturas, insistió en que la falta de criterios estandarizados y exámenes de idoneidad compromete la calidad y legitimidad de los perfiles electos.
Organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han expresado sus reservas sobre la compatibilidad de este modelo con los estándares internacionales de independencia judicial. La OEA considera que el contexto de polarización política, litigiosidad y premura temporal agravaron las dificultades de implementación.
La Misión advirtió que las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, podrían coincidir con las elecciones federales y locales, lo que elevaría significativamente el riesgo de interferencia partidista en el funcionamiento del Poder Judicial.
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