Con el objetivo de sentar las bases para una transformación estructural en la vida laboral del país, este jueves 19 de junio comenzó oficialmente el proceso participativo para la reducción de la jornada laboral en México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio inicio al primero de seis foros regionales, que se celebrarán entre junio y julio, como parte del plan de implementación gradual que busca reducir la semana laboral de 48 a 40 horas para el año 2030.
La sede inaugural fue el Museo de la Ciudad de México, donde se reunieron representantes de diversos sectores laborales, empresariales y académicos para discutir los alcances, retos y beneficios de la reforma. El foro capitalino marca el punto de partida de una discusión nacional que se extenderá a cinco ciudades más: Monterrey (23 de junio), Guadalajara (26 de junio), Tijuana (30 de junio), Querétaro (3 de julio) y Cancún (7 de julio).
Un cambio con raíces sociales y económicas
La iniciativa surgió en 2023 con una propuesta de la diputada Susana Prieto Terrazas, y aunque no fue votada en ese momento, el debate continuó con nuevas propuestas, especialmente desde Movimiento Ciudadano, que planteó una aplicación gradual. En 2025, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum anunció formalmente el proyecto como parte de su compromiso con la justicia social y los derechos laborales.
“Reducir la jornada laboral es reconocer que el bienestar no puede depender únicamente del ingreso, sino también del tiempo disponible para la vida, la familia, el descanso, la salud y la participación comunitaria”, expresó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López.
Beneficios esperados
Un estudio del Grupo Adecco, basado en datos de la encuesta Termómetro Laboral de OCC, revela que el 68% de los trabajadores mexicanos espera beneficios tangibles con una jornada reducida, incluyendo mejora en la salud mental, reducción del estrés, y más tiempo para el ocio y la familia. Para muchas y muchos, el nuevo modelo representa una oportunidad para equilibrar la vida laboral con el bienestar personal.
Sin embargo, no todo es optimismo. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrían enfrentar un aumento de hasta 36% en costos laborales si recurren al pago de horas extras, o del 22% si contratan nuevo personal para mantener sus operaciones. Dado que estas empresas representan el 96% del aparato productivo nacional, la implementación requerirá soluciones diferenciadas por sector.
Por ello, los foros buscan no solo legitimar la reforma mediante el diálogo, sino también recoger propuestas viables de implementación que respondan a las realidades regionales y productivas del país.
Una apuesta por el desarrollo con dignidad
La reforma se inscribe en una visión más amplia del gobierno de Sheinbaum: un país donde el desarrollo económico se mida también en calidad de vida. En palabras de la presidenta, el propósito es “avanzar hacia un país más democrático, donde el desarrollo no sea privilegio, sino un derecho compartido”.
Con este paso, México se alinea a los estándares internacionales en materia laboral y se posiciona como uno de los países latinoamericanos más ambiciosos en la transformación de sus condiciones de trabajo.
El proceso continúa. Las siguientes ciudades tendrán la responsabilidad de aportar experiencias y perspectivas que ayuden a consolidar un modelo de trabajo más justo, humano y sustentable.
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