La Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en Toda su Diversidad, conformada por 21 colectivos feministas y de derechos humanos, emitió un contundente llamado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU para que intervenga y emita recomendaciones al Estado mexicano ante la persistente violencia, discriminación estructural y retrocesos en materia de igualdad de género.
A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que, pese a algunos avances legislativos, las mujeres y niñas en México —particularmente indígenas, migrantes, con discapacidad, lesbianas y trans— siguen siendo víctimas de violaciones graves a sus derechos, sin que existan mecanismos estatales eficaces que les garanticen protección, acceso a la justicia y condiciones de vida dignas.
Preocupación por militarización y migración
Uno de los principales focos de alarma señalados por la Alianza es la creciente militarización del país, que ha asignado funciones civiles a las Fuerzas Armadas en áreas como seguridad pública, gestión migratoria y megaproyectos como el Tren Maya. Esta situación, advirtieron, incrementa los riesgos de violencia sexual y desplazamiento forzado contra mujeres indígenas y migrantes.
Asimismo, acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de realizar detenciones arbitrarias y traslados forzosos de mujeres y niñas migrantes, en contravención con tratados internacionales y leyes nacionales.
Justicia inaccesible y criminalización
Los colectivos señalaron la existencia de barreras estructurales para el acceso a la justicia, especialmente para mujeres trans, lesbianas, indígenas y con discapacidad, quienes enfrentan encarcelamientos desproporcionados y condiciones adversas bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, una práctica que piden eliminar de forma inmediata.
También denunciaron que el derecho al aborto continúa limitado, criminalizado o prohibido en varios estados, a pesar de su despenalización parcial en otros. A esto se suma la deficiente respuesta estatal ante la violencia sexual, que sigue centrada en la resistencia física de la víctima en lugar del consentimiento.
Feminicidios, desapariciones y transfeminicidios invisibilizados
Las organizaciones alertaron sobre la persistencia de feminicidios, desapariciones y trata de mujeres en regiones de alta incidencia criminal como Guerrero y el Estado de México. De las más de 129 mil personas desaparecidas en el país, son principalmente mujeres quienes lideran las labores de búsqueda, muchas veces en condiciones de extremo riesgo.
Además, reclamaron la invisibilización de la violencia contra mujeres trans, lesbianas y trabajadoras sexuales, al señalar que los transfeminicidios no son reconocidos oficialmente y la falta de bases de datos desglosadas obstaculiza los procesos de prevención y justicia.
Exigencias y recomendaciones al Comité CEDAW
Ante este panorama, la Alianza solicitó al Comité CEDAW recomendar al gobierno mexicano una serie de acciones urgentes:
- Garantizar la vida e integridad de las mujeres, con especial protección a defensoras de derechos humanos y madres buscadoras.
- Establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, incorporando protocolos con enfoque de género e interseccionalidad.
- Eliminar la prisión preventiva oficiosa y otras prácticas discriminatorias en el sistema judicial.
- Derogar leyes que criminalizan el aborto y eliminar el delito de estupro de los códigos penales.
- Fortalecer políticas públicas y forenses para la investigación de desapariciones y trata de mujeres.
- Asegurar empleos dignos para todas las mujeres como parte de una estrategia de igualdad sustantiva.
- Promover una reforma fiscal justa, que garantice recursos sostenibles para los programas de género y combata los retrocesos presupuestarios.
Por último, los colectivos exhortaron al Comité a reafirmar su compromiso con la diversidad y la inclusión, exigiendo una mayor protección para mujeres trans y el reconocimiento de la discriminación basada en identidad de género.
Este llamado internacional refleja una creciente preocupación de la sociedad civil ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Estado mexicano frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres en el país.
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