La nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República sostiene que las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala documentaron la agresión contra estudiantes del autobús Estrella de Oro 1531 y que posteriormente fueron ocultadas para impedir su incorporación al caso.
Las cámaras de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala se han convertido nuevamente en una pieza central de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), esos videos habrían captado los momentos previos a la desaparición de un grupo de normalistas que viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531 y posteriormente fueron retirados de manera deliberada.
La acusación forma parte de la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien la Fiscalía señala por presuntamente ordenar el ocultamiento de ese material videográfico. Las imputaciones forman parte de un proceso judicial en curso y aún deberán ser desahogadas ante un juez.
Un reporte elaborado en 2017 por Forensic Architecture (Arquitectura Forense), con sede en la Universidad de Goldsmiths de Londres, ya había advertido sobre la relevancia de esas grabaciones. Según la reconstrucción realizada por ese equipo de investigación independiente, las cámaras exteriores del Palacio de Justicia pudieron registrar el ataque contra el autobús 1531 y aportar elementos para identificar a los responsables, así como reconstruir el destino de los estudiantes.
El recorrido del autobús 1531 quedó bajo el cerco policial
La reconstrucción de los hechos ubica al autobús Estrella de Oro 1531 como una de las unidades clave durante la noche del 26 de septiembre de 2014. El vehículo salió de la terminal de Iguala alrededor de las 21:20 horas junto con otros autobuses tomados por estudiantes normalistas.
Minutos después, cuando el convoy circulaba por la calle Galeana, policías municipales intentaron bloquear su paso y realizaron disparos al aire. En medio de la confusión, el autobús 1531 se separó del resto de las unidades y tomó una ruta distinta hacia el oriente de la ciudad.
Alrededor de las 21:40 horas, la unidad fue interceptada bajo un puente frente al Palacio de Justicia de Iguala. Inicialmente acudieron patrullas de la Policía Municipal; sin embargo, posteriormente llegaron elementos ministeriales, de la entonces Policía Federal y más corporaciones locales, hasta conformar un operativo con aproximadamente una docena de patrullas.
La reconstrucción también ubica en el sitio a un presunto agente de inteligencia militar que habría documentado los hechos mediante fotografías tomadas con un teléfono celular.
Las cámaras habrían registrado las agresiones y la detención de estudiantes
Según la investigación retomada por la FGR, hacia las 22:30 horas los policías utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender del autobús. Posteriormente, entre 12 y 15 normalistas fueron golpeados antes de ser subidos por la fuerza a patrullas policiales.
Testigos protegidos señalaron que en el operativo participaron también unidades de la Policía Municipal de Huitzuco. De acuerdo con esa versión, los estudiantes fueron trasladados hacia el sur, en dirección a Chilpancingo.
Toda esa secuencia habría quedado registrada por las cámaras exteriores identificadas como 12 y 15 del Palacio de Justicia. Para los investigadores, ese material representaría el último registro visual conocido de ese grupo de estudiantes antes de su desaparición.
Más tarde, alrededor de las 23:10 horas, un grupo de normalistas que logró escapar regresó al lugar para buscar a sus compañeros. Encontraron el autobús vacío y bajo resguardo policial. Entre las 00:15 y las 00:40 horas del 27 de septiembre, una grúa retiró la unidad.
La FGR sostiene que los videos fueron ocultados deliberadamente
Durante varios años se sostuvo que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, la nueva investigación de la Fiscalía plantea una versión distinta.
La institución afirma que las grabaciones sí existieron y que fueron retiradas para impedir que formaran parte de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. En ese contexto, la FGR acusa a Ángel Aguirre Rivero de haber ordenado el ocultamiento del material, presuntamente con el objetivo de eliminar evidencia relacionada con la actuación de las corporaciones de seguridad y el destino de los normalistas.
Las acusaciones forman parte del expediente ministerial y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. Mientras tanto, las grabaciones del Palacio de Justicia continúan siendo consideradas una de las evidencias potencialmente más importantes para esclarecer lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
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