El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano mientras se define si será vinculado a proceso por la desaparición de evidencia relacionada con los 43 normalistas.
Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, durante la audiencia inicial por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa.
La medida fue dictada este viernes 7 de agosto, un día después de que Aguirre Rivero fuera detenido en el Estado de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
El exmandatario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, mientras continúa el procedimiento judicial. La defensa solicitó que enfrentara el proceso bajo prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, pero el juez rechazó la petición.
Aguirre Rivero tiene 70 años. Sus abogados también solicitaron la ampliación del plazo constitucional para preparar la defensa, por lo que la audiencia para determinar si será vinculado a proceso se reanudará el 11 de agosto de 2026.
La Fiscalía acusa al exgobernador de haber ordenado presuntamente la eliminación de videograbaciones obtenidas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
La acusación apunta a videos sobre la noche de Iguala
De acuerdo con la investigación de la FGR, las grabaciones habrían registrado la intervención de policías municipales y estatales contra el autobús de Estrella de Oro en el que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Fiscalía sostiene que esas imágenes fueron ocultadas y que posteriormente se argumentó que las cámaras habían presentado fallas técnicas.
La acusación contra Aguirre se apoya, según la FGR, en testimonios obtenidos durante 2026. Uno de ellos fue presentado en enero y otro en mayo, y ambos relacionarían al exgobernador con el supuesto ocultamiento del material.
Según la investigación, un colaborador declaró que las grabaciones existían y que fueron sustraídas para entregarlas al entonces gobernador. Posteriormente, otro testimonio habría señalado que Aguirre ordenó desaparecer evidencia relacionada con los hechos.
La Fiscalía sostiene que el ocultamiento no habría sido una omisión administrativa aislada. Su hipótesis es que se trató de una acción deliberada ejecutada desde el gobierno estatal de Guerrero.
Esa acusación todavía deberá ser analizada por el juez. Aguirre Rivero no ha sido declarado culpable y la audiencia del próximo martes determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal en su contra.
La prisión preventiva, por tanto, constituye una medida cautelar y no una sentencia.
La defensa pidió prisión domiciliaria
Durante la audiencia, los abogados del exgobernador argumentaron que su edad y condiciones de salud justificaban que permaneciera bajo una medida menos restrictiva.
La petición fue rechazada por el juez federal, quien determinó que Aguirre deberá permanecer en el Altiplano mientras se desarrolla esta etapa del procedimiento.
La defensa solicitó además la duplicidad del plazo constitucional. Con ello, el juzgador no resolverá todavía si Aguirre Rivero será vinculado a proceso.
La nueva audiencia quedó programada para el martes 11 de agosto, cuando se analizarán los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
La FGR sostiene que cuenta con elementos suficientes para acreditar la participación del exgobernador en el supuesto ocultamiento de las grabaciones.
El caso, sin embargo, deberá avanzar bajo las reglas del proceso penal y con respeto al principio de presunción de inocencia.
Aguirre gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los 43
Ángel Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014. Dejó el cargo el 23 de octubre de ese año, menos de un mes después de la desaparición de los estudiantes en Iguala.
La noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales atacaron a estudiantes de Ayotzinapa y otros civiles en Iguala y sus alrededores. El saldo incluyó seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 normalistas desaparecidos.
Doce años después, el caso continúa abierto y la investigación federal mantiene distintas líneas para determinar qué ocurrió con los estudiantes y quiénes participaron en los hechos.
La acusación contra Aguirre introduce ahora un nuevo elemento: el supuesto ocultamiento de material videográfico que podría aportar información sobre lo ocurrido aquella noche.
La FGR sostiene que esas imágenes pudieron ayudar a reconstruir los movimientos de los estudiantes y de los policías que intervinieron en los hechos.
La investigación también ha alcanzado a otros funcionarios vinculados con la pérdida o destrucción de evidencia. Por ello, la acusación contra el exgobernador representa un nuevo paso dentro de la búsqueda de responsabilidades por los hechos de Iguala.
El proceso contra Aguirre apenas comienza en esta nueva etapa. La decisión que adopte el juez el 11 de agosto permitirá establecer si la Fiscalía logró acreditar, en esta fase inicial, la existencia de elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Mientras tanto, el exgobernador permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano.
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