El gobierno de Estados Unidos busca adquirir dispositivos capaces de emitir descargas eléctricas mediante contacto directo con la piel, mientras organizaciones civiles cuestionan su posible uso durante operativos migratorios.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) prepara la adquisición de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para sus agentes, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 20 millones de dólares.
La compra ocurre en medio de las críticas que enfrenta la agencia por sus métodos de detención y uso de la fuerza durante la actual política migratoria del gobierno de Donald Trump. Organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que los nuevos dispositivos podrían ampliar las herramientas disponibles para someter físicamente a personas durante los operativos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contempla adquirir los equipos conocidos como CTG-5 G.L.O.V.E., fabricados por la empresa Compliant Technologies LLC. El dispositivo funciona mediante electrodos instalados en la palma del guante y requiere contacto directo con la piel para producir la descarga.
La documentación oficial describe el equipo como un dispositivo de distracción y desescalada. Sin embargo, la característica que ha provocado mayor controversia es precisamente su capacidad para generar dolor mediante una descarga eléctrica sin que el agente tenga que portar un arma visible.
De acuerdo con la información difundida sobre la adquisición, el contrato podría alcanzar entre 10 y 20 millones de dólares y contempla la entrega de los dispositivos para marzo de 2027. La operación podría realizarse mediante un contrato sin competencia entre proveedores.
Un dispositivo diseñado para someter mediante contacto
Los guantes no funcionan como una pistola eléctrica convencional. En lugar de lanzar proyectiles o sondas, la descarga se produce cuando la palma del guante entra en contacto directo con la piel de una persona.
El fabricante sostiene que la estimulación eléctrica provoca una respuesta de dolor y puede generar el sometimiento de una persona en pocos segundos. Asimismo, el dispositivo ha sido presentado como una herramienta para enfrentar situaciones consideradas de resistencia física.
Esa característica es precisamente la que preocupa a organizaciones civiles. La posibilidad de activar una descarga desde un guante que tiene apariencia de equipo convencional genera cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión que acompañarán su utilización.
La preocupación adquiere mayor relevancia por el tipo de operaciones que realizan los agentes de ICE. La agencia participa en arrestos, detenciones y procedimientos de deportación, incluidos operativos en comunidades y lugares de trabajo.
Por otra parte, la documentación relacionada con estos dispositivos contempla restricciones para determinados grupos considerados vulnerables. Entre ellos se encuentran menores, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El fabricante también establece que el equipo no debe utilizarse como castigo ni simplemente como respuesta a una negativa verbal. Además, los agentes deben recibir capacitación y recertificación para utilizarlo.
Organizaciones civiles cuestionan el uso de la fuerza
La posible incorporación de los guantes ocurre mientras organizaciones de derechos civiles mantienen bajo escrutinio las actuaciones de ICE.
La preocupación no se limita al dispositivo en sí. También está relacionada con el contexto en el que la agencia pretende incorporarlo y con las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza durante los operativos migratorios.
La American Civil Liberties Union (ACLU), entre otras organizaciones, ha cuestionado la adquisición y ha advertido sobre los riesgos de utilizar una herramienta capaz de provocar dolor mediante contacto físico.
La controversia también ha alcanzado a funcionarios y especialistas que consideran necesario establecer reglas claras para determinar cuándo puede utilizarse este tipo de tecnología.
El debate se centra, por tanto, en una pregunta que va más allá de la capacidad técnica del dispositivo: qué controles existirán para impedir que una herramienta presentada como mecanismo de desescalada termine utilizándose como método de castigo o sometimiento.
El DHS sostiene que ICE evalúa de manera permanente las necesidades de sus agentes para garantizar que cuenten con herramientas y equipo suficientes para realizar arrestos y deportaciones de manera segura.
Sin embargo, los críticos consideran que el acceso a una herramienta capaz de producir descargas eléctricas plantea riesgos adicionales en un escenario donde ya existen cuestionamientos sobre las prácticas de los agentes migratorios.
La compra ocurre en medio de una política migratoria más estricta
La posible adquisición forma parte de un contexto de intensificación de las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump.
ICE ha enfrentado una creciente presión pública por las condiciones de sus operativos y por incidentes relacionados con el uso de la fuerza. En consecuencia, cualquier nueva herramienta destinada al control físico de personas genera especial atención entre organizaciones civiles.
La agencia también ha avanzado en otras medidas relacionadas con sus operaciones. Entre ellas se encuentra la expansión del uso de cámaras corporales para sus agentes, una medida que busca incrementar la documentación de los procedimientos y mejorar la supervisión de las actuaciones.
En este escenario, los guantes eléctricos representan una nueva herramienta para los agentes de ICE, pero también abren un nuevo frente de discusión sobre los límites del uso de la fuerza.
La adquisición todavía corresponde a un proceso de contratación y no significa que todos los agentes ya dispongan de estos dispositivos. El calendario previsto apunta a marzo de 2027 para completar la entrega contemplada en el contrato.
Por ahora, la discusión se concentra en las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse, la capacitación de los agentes y los mecanismos de supervisión que acompañarían su despliegue.
Mientras el gobierno estadounidense los presenta como una herramienta de desescalada, las organizaciones civiles advierten que su capacidad para provocar dolor podría convertirse en un nuevo motivo de preocupación dentro de las operaciones migratorias.
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