El Consejo Permanente aprobó con 29 votos la reunión solicitada por Estados Unidos para analizar acciones ante el plan político de Ortega y Murillo
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación política de Nicaragua, después de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzara con una reforma que busca modificar las reglas del sistema político y limitar la competencia opositora.
La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México. La decisión representa un cambio respecto del intento realizado a principios de agosto, cuando la propuesta no consiguió los respaldos suficientes.
La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, que pidió pasar de las declaraciones de condena a una respuesta institucional frente a las acciones del gobierno nicaragüense.
El debate ocurre antes de que el Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialismo, avance en septiembre con una reforma constitucional que modificaría el esquema electoral y el periodo presidencial. El proceso ha generado preocupación entre gobiernos de la región y sectores de la oposición nicaragüense.
La crisis también tiene un antecedente reciente. En agosto, Washington había planteado que la OEA debía convocar a sus ministros de Relaciones Exteriores para discutir posibles medidas diplomáticas, políticas y económicas. México y Brasil habían expresado reservas sobre esa vía.
Ahora, con la aprobación de la resolución, el organismo interamericano abrirá una nueva etapa de discusión. Sin embargo, todavía no se conocen las medidas concretas que podrían plantearse durante la reunión de cancilleres.
México cuestiona que Nicaragua sea considerada una amenaza regional
La abstención mexicana no significa que el gobierno de México respalde las decisiones de Managua. Su argumento se concentra en el mecanismo utilizado por la OEA y en los límites que, a juicio de su representación, debe mantener el organismo.
El embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica.
Encinas también advirtió que una caracterización distinta podría abrir la puerta a acciones que excedan las facultades de la organización. Su posición se relaciona con los principios de soberanía, autodeterminación, no intervención y solución pacífica de controversias.
La representación mexicana ha defendido además la necesidad de mantener canales de diálogo con Managua. Esa postura ya había sido expresada cuando Washington planteó por primera vez la reunión extraordinaria a principios de agosto.
El embajador Encinas ocupa la representación permanente de México ante la OEA desde diciembre de 2025.
Brasil tomó una posición todavía más directa durante la votación. Su embajador, Benoni Belli, votó en contra de la resolución y expresó preocupación por la posibilidad de que las acciones adoptadas terminen generando efectos contraproducentes.
Por ello, el resultado muestra una diferencia entre los gobiernos que buscan aumentar la presión sobre Managua y aquellos que consideran necesario preservar espacios diplomáticos antes de avanzar hacia medidas más severas.
Washington busca una respuesta más allá de las condenas
Estados Unidos ha sostenido que las declaraciones de preocupación emitidas durante los últimos años no han logrado modificar el comportamiento del gobierno nicaragüense.
Michael Kozak, quien encabezaba la oficina estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental cuando Washington presentó la iniciativa, pidió una respuesta formal, institucional y colectiva frente a la situación.
La propuesta estadounidense surgió después de que Ortega planteara públicamente la posibilidad de modificar el sistema electoral. El gobierno de Nicaragua también impulsa cambios constitucionales que ampliarían el periodo presidencial y modificarían aspectos de la estructura política del país.
La discusión dentro de la OEA ocurre además en un contexto particular: Nicaragua dejó formalmente la organización en noviembre de 2023. Por esa razón, la reunión de cancilleres no implica que Managua participe directamente en la deliberación como Estado miembro.
La oposición nicaragüense en el exilio ha reclamado durante meses una respuesta internacional más contundente. Sus dirigentes consideran que las modificaciones impulsadas por Ortega y Murillo buscan garantizar la continuidad del poder político en su entorno.
El gobierno nicaragüense, en cambio, ha rechazado las críticas externas y mantiene su discurso contra los grupos opositores, a los que acusa de actuar contra el país.
La reforma de Ortega y Murillo eleva la tensión
El conflicto político nicaragüense se intensificó después de las protestas de 2018 y de la posterior persecución contra opositores, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
En 2021, varios aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de las elecciones y posteriormente expulsados del país. La oposición sostiene que esas acciones eliminaron las condiciones para una competencia electoral efectiva.
Ahora, las modificaciones constitucionales impulsadas por el oficialismo vuelven a colocar el sistema electoral en el centro de la disputa.
Estados Unidos y otros gobiernos consideran que limitar la participación opositora profundizaría el deterioro democrático de Nicaragua. México, por su parte, sostiene que la respuesta internacional debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales y evitar una escalada que pueda cerrar los espacios de negociación.
La reunión de cancilleres será, por tanto, el siguiente escenario para definir hasta dónde está dispuesta a llegar la OEA.
El resultado de la votación también deja una señal política clara. La mayoría de los integrantes del organismo respaldó abrir una discusión de mayor nivel sobre Nicaragua, mientras México y Brasil marcaron distancia respecto de la estrategia impulsada por Washington.
Por ahora, la resolución no establece sanciones ni determina una ruptura de relaciones diplomáticas. Su alcance será definido en la reunión extraordinaria, cuya fecha todavía está pendiente.
El próximo paso será determinar si la presión regional se traduce en medidas concretas o si la OEA vuelve a quedar limitada a pronunciamientos sobre la crisis nicaragüense.
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