Una magistrada de Maryland bloqueó la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense y advirtió que sus disposiciones chocan con la protección constitucional vigente.
Una jueza federal de Maryland volvió a poner un freno a la ofensiva de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La magistrada Deborah Boardman concedió una medida cautelar preliminar contra la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente en agosto y determinó que sus disposiciones entran en conflicto con la interpretación constitucional respaldada recientemente por la Corte Suprema.
El fallo representa un nuevo revés para la administración Trump, que intentó reformular su estrategia después de que el máximo tribunal estadounidense rechazara su primer intento de restringir este derecho.
La resolución fue emitida en el caso Barbara v. Trump, donde la jueza consideró que los niños incluidos en la demanda colectiva mantienen su condición de ciudadanos desde el nacimiento y que una orden presidencial no puede desconocerla.
El conflicto se centra en la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense bajo determinadas condiciones.
Trump volvió a intentarlo después del fallo de la Corte Suprema
El nuevo decreto presidencial fue firmado el 6 de agosto, semanas después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la primera orden ejecutiva de Trump en esta materia.
Aquella medida había sido firmada al comienzo del segundo mandato presidencial, en enero de 2025. Sin embargo, en junio de 2026, la Corte Suprema determinó por 6 votos contra 3 que el intento de modificar mediante decreto la aplicación de la ciudadanía por nacimiento violaba la interpretación constitucional vigente.
En lugar de abandonar la estrategia, la administración presentó una segunda orden con un alcance más limitado.
El nuevo documento puso el foco en determinadas categorías. Entre ellas aparecen los llamados casos de “turismo de parto”, así como situaciones relacionadas con personas consideradas “enemigos extranjeros” y padres vinculados con gobiernos o misiones diplomáticas.
Sin embargo, la jueza Boardman consideró que el nuevo decreto sigue planteando problemas constitucionales.
Su resolución sostiene que la orden instruye a distintas agencias federales a negar documentos que acrediten la ciudadanía de categorías amplias de niños nacidos en Estados Unidos.
La disputa también alcanza a familias que ya tienen hijos nacidos en EE. UU.
Uno de los puntos que preocupó a la magistrada fue el alcance temporal del decreto.
Aunque el Departamento de Justicia sostuvo que las nuevas disposiciones operarían únicamente hacia el futuro, Boardman encontró que el texto permite una interpretación que podría afectar incluso a bebés que ya nacieron y que habían sido reconocidos como ciudadanos.
La medida cautelar impide al Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Nacional y Administración del Seguro Social adoptar acciones que interfieran con la ciudadanía de los menores protegidos por la demanda colectiva.
La protección alcanza a los niños nacidos después del 19 de febrero de 2025, incluidos aquellos que nazcan mientras continúe vigente la medida judicial.
De esta manera, el fallo no significa que todos los aspectos de la política migratoria de Trump hayan sido anulados. Su alcance está relacionado con los menores comprendidos en el litigio colectivo.
La resolución sí representa, sin embargo, un obstáculo directo para la aplicación de la nueva orden presidencial.
El “turismo de parto” quedó nuevamente en el centro de la disputa
La administración Trump ha colocado el llamado turismo de parto entre sus argumentos para modificar las reglas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento.
El concepto se refiere a casos en los que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz en territorio estadounidense.
La nueva orden también estableció restricciones relacionadas con las denominadas “transacciones comerciales”. La redacción del decreto contempla incluso la compra de un boleto de avión como una operación que podría quedar comprendida en esa categoría.
Esa formulación generó preocupación entre las familias que impugnaron la medida.
El problema planteado ante el tribunal es que una definición demasiado amplia podría alcanzar a mujeres que viajaron a Estados Unidos por motivos distintos al nacimiento de sus hijos y que posteriormente dieron a luz en ese país.
Por ello, la controversia ya no se limita a los casos que la administración identifica como turismo de parto. También involucra la posibilidad de que una interpretación amplia termine afectando a familias que no tenían como propósito obtener la ciudadanía para sus hijos.
La jueza cuestionó el argumento del gobierno
El Departamento de Justicia intentó frenar el nuevo litigio con un argumento procesal. Sus abogados sostuvieron que la demanda era prematura porque las agencias federales todavía no habían publicado las reglas que establecerían cómo se aplicaría el decreto.
Boardman rechazó esa posición.
La magistrada concluyó que el propio contenido de la orden ejecutiva ya genera un conflicto suficiente para que los demandantes puedan acudir ante los tribunales.
Además, cuestionó que la administración pudiera utilizar futuras reglas administrativas para modificar el alcance de una orden cuyo texto ya plantea restricciones sobre la documentación de ciudadanía.
La jueza también estableció una conexión entre las dos ofensivas presidenciales. A su juicio, el nuevo decreto forma parte de una sucesión de intentos de modificar mediante órdenes ejecutivas una tradición constitucional relacionada con la ciudadanía por nacimiento.
La Casa Blanca anticipa que continuará la batalla judicial
La administración Trump no dio por terminada la disputa después del fallo.
El fiscal general Todd Blanche defendió la nueva orden ejecutiva y sostuvo que fue redactada tomando en cuenta la decisión previa de la Corte Suprema.
El funcionario también dejó abierta la posibilidad de que el gobierno continúe llevando el caso por las distintas instancias judiciales hasta llegar nuevamente al máximo tribunal.
La disputa, por tanto, todavía está lejos de concluir.
Mientras los tribunales revisan los alcances de las órdenes presidenciales, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos continúa protegido, al menos para los menores comprendidos en la demanda colectiva que dio origen a la resolución de Maryland.
El nuevo fallo vuelve a colocar en el centro del debate los límites del poder presidencial frente a la Constitución y plantea una pregunta que seguirá definiéndose en los tribunales: hasta dónde puede llegar una administración cuando intenta modificar mediante una orden ejecutiva la forma en que se reconoce un derecho constitucional.
Por ahora, la respuesta de una jueza federal ha sido clara: la nueva estrategia de Trump tampoco puede aplicarse a los niños protegidos por el litigio mientras permanezca vigente la medida cautelar.
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