La Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma que impide a determinados opositores competir en elecciones y amplía de seis a siete años los mandatos.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que estrecha hasta prácticamente cerrar el espacio electoral para la oposición. La iniciativa fue promovida por Daniel Ortega y recibió el respaldo unánime del Legislativo, controlado por el oficialismo.
La modificación todavía necesita una segunda aprobación para entrar en vigor. Sin embargo, el contenido aprobado ya muestra hacia dónde se dirige el sistema político nicaragüense: quienes sean considerados por el gobierno como “traidores a la patria”, “golpistas” o promotores de intervención extranjera quedarán impedidos para competir por cargos públicos.
La reforma también extiende de seis a siete años los periodos de los copresidentes y de otros funcionarios elegidos mediante voto popular. Asimismo, contempla esa duración para las jefaturas del Ejército y la Policía.
El cambio constitucional ocurre después de que Ortega afirmara en julio que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones para evitar que la oposición recuperara el poder. Ahora, la reforma mantiene formalmente el mecanismo electoral, pero restringe quiénes pueden participar.
La oposición queda fuera bajo nuevas reglas
Uno de los puntos más delicados de la reforma está en las condiciones para ser candidato.
El nuevo texto establece que no podrán aspirar a cargos de elección popular quienes sean considerados “traidores a la patria”. La misma prohibición alcanza a personas relacionadas con la planificación, financiamiento, dirección o participación en acciones que el gobierno califique como intentos de golpe de Estado.
También quedan comprendidos quienes promuevan una intervención militar extranjera, respalden bloqueos económicos o apoyen sanciones contra Nicaragua, sus instituciones o sus ciudadanos.
El alcance de estas disposiciones es especialmente relevante por el uso que el gobierno nicaragüense ha dado al concepto de “traición a la patria” contra críticos y opositores.
De acuerdo con EFE, al menos 452 opositores o críticos han sido desnacionalizados bajo esa acusación. Entre ellos se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Además, las personas alcanzadas por las nuevas prohibiciones tampoco podrán formar parte de las dirigencias de partidos u organizaciones políticas.
Por ello, el cambio no se limita a establecer requisitos para una candidatura. La reforma introduce restricciones que afectan también la organización política de quienes sean señalados bajo esas categorías.
En la práctica, el oficialismo tendrá una posición dominante sobre el escenario electoral. La oposición ya enfrenta un espacio político reducido después de años de persecución, encarcelamientos y exilio de dirigentes.
Ortega también amplía su permanencia en el poder
La reforma no solo modifica las reglas para competir. También amplía la duración de los mandatos.
El periodo de los copresidentes pasará de seis a siete años, al igual que el de otros funcionarios elegidos mediante voto popular. La disposición también alcanza a los jefes del Ejército y la Policía.
El cambio representa una nueva modificación al calendario político nicaragüense.
En 2024 ya se había ampliado de cinco a seis años el periodo presidencial. Además, Rosario Murillo, esposa de Ortega, pasó de vicepresidenta a copresidenta mediante una reforma constitucional anterior.
Ahora, el oficialismo vuelve a modificar la duración de los mandatos. De esta manera, Ortega y Murillo obtienen más tiempo al frente del Ejecutivo mientras se reducen las posibilidades de competencia política.
La reforma también afecta a las autoridades locales y nacionales elegidas mediante voto. Por ello, sus efectos no se limitan a la Presidencia.
El Parlamento aprobó la iniciativa durante una sesión especial realizada en León. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó la aprobación unánime del proyecto en su primera legislatura.
Sin embargo, todavía falta el segundo trámite constitucional. La legislación nicaragüense exige que las reformas constitucionales sean aprobadas en dos legislaturas distintas antes de entrar en vigor. La segunda discusión está prevista para enero de 2027.
Una elección con menos opciones para los nicaragüenses
El cambio ocurre después de años de deterioro de las condiciones democráticas en Nicaragua.
Las protestas de 2018 marcaron un punto de quiebre. La represión gubernamental dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas, y provocó la salida del país de miles de personas. Desde entonces, numerosos dirigentes opositores terminaron encarcelados, exiliados o sin nacionalidad.
En las elecciones de 2021, los principales aspirantes opositores fueron detenidos antes de los comicios. El Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo entonces una amplia victoria en un proceso cuestionado por la ausencia de sus principales rivales.
La nueva reforma lleva esa lógica a la Constitución. Ya no se trata únicamente de impedir determinadas candidaturas mediante decisiones administrativas o judiciales. El objetivo es incorporar al máximo ordenamiento jurídico las condiciones que permiten excluir a sectores considerados adversarios del gobierno.
Además, el Consejo Supremo Electoral obtiene nuevas facultades para cancelar la personalidad jurídica de partidos y sancionar a candidatos o dirigentes por supuestas violaciones relacionadas con la soberanía nacional.
El resultado es un sistema electoral en el que la existencia formal de elecciones no garantiza por sí misma una competencia entre opciones políticas con condiciones similares.
La oposición nicaragüense enfrenta así un nuevo obstáculo institucional. Para sus dirigentes, el problema ya no consiste únicamente en ganar una elección, sino en conseguir autorización para participar en ella.
Mientras tanto, el gobierno de Ortega y Murillo avanza en la consolidación constitucional de su modelo político. La segunda legislatura será decisiva para determinar la entrada en vigor de estas disposiciones.
Si la reforma queda ratificada, Nicaragua tendrá un marco constitucional todavía más restrictivo para la participación política y con mandatos ampliados para las principales autoridades del Estado.
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