El Departamento de Justicia presentó cargos por presuntamente votar sin ciudadanía estadounidense o declarar falsamente tenerla; siete mexicanos son residentes permanentes y uno es identificado como indocumentado.
Ocho ciudadanos mexicanos figuran entre las 63 personas acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas irregularidades relacionadas con el registro de votantes y la participación en elecciones federales.
Los expedientes incluyen señalamientos por votar sin contar con la ciudadanía estadounidense, declarar falsamente ser ciudadanos para registrarse o participar en comicios y proporcionar información presuntamente falsa en documentos oficiales.
El anuncio fue realizado el lunes 2 de noviembre por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien calificó el operativo como el mayor incremento de detenciones por fraude electoral desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.
De acuerdo con la información difundida, siete de los mexicanos señalados cuentan con residencia permanente legal y uno es identificado como inmigrante indocumentado. Ninguna de las acusaciones representa por sí misma una condena: la responsabilidad de cada persona deberá determinarse en los tribunales.
Los mexicanos señalados en los expedientes
Entre los acusados en Texas se encuentran Diego Benavides Rodríguez, de 29 años, señalado por presuntamente votar sin ser ciudadano estadounidense y reclamar falsamente esa nacionalidad; José Vásquez-Mendoza, de 51 años, acusado de votar en la elección especial de 2022 para el Distrito Congresional 34, y Karen Hinojosa-Martínez, de 37 años, señalada por presuntamente proporcionar información falsa en documentos migratorios después de votar en una elección federal.
También aparecen Saida Adali Hirachete Olivarez, César Sánchez Correa, Krystel Capi Valle y Juan Manuel Gudiño, todos identificados como residentes permanentes mexicanos y señalados por distintas presuntas irregularidades relacionadas con el registro o ejercicio del voto.
El octavo caso corresponde a Benito Covarrubias Íñiguez, de 64 años, identificado por las autoridades como inmigrante indocumentado. Se le acusa de presuntamente haber declarado falsamente que era ciudadano estadounidense para participar en una elección federal.
Los señalamientos corresponden a expedientes individuales y no implican que todos los acusados hayan realizado la misma conducta.
Las acusaciones alcanzan a personas de distintas nacionalidades
El grupo de 63 personas incluye ciudadanos de países de América Latina, Europa, Asia y África. Entre los casos mencionados se encuentran los de una colombiana y una argentina en Carolina del Norte, un ciudadano cubano y una hondureña, además de personas de otras nacionalidades.
Las acusaciones comprenden tanto el presunto voto de personas que no tienen ciudadanía estadounidense como declaraciones falsas para obtener el registro electoral o participar en elecciones federales.
El Departamento de Justicia informó que durante las nueve semanas anteriores había presentado cargos contra 195 extranjeros en 25 estados por presuntas irregularidades relacionadas con el voto y el registro electoral. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la cifra acumulada de personas acusadas por delitos vinculados con fraude electoral ascendía a 239.
Estas cifras corresponden a personas señaladas por las autoridades y no deben confundirse con sentencias condenatorias.
El voto de personas no ciudadanas y su dimensión estadística
El anuncio se produce en medio de la discusión política en Estados Unidos sobre la participación electoral de personas extranjeras. Sin embargo, los casos investigados no demuestran por sí mismos que exista un fraude generalizado.
Una investigación del Brennan Center for Justice, basada en información de 42 jurisdicciones estadounidenses sobre las elecciones de 2016, examinó 23.5 millones de votos y encontró que los posibles votos emitidos por personas no ciudadanas representaron aproximadamente 0.0001 por ciento del total analizado.
El estudio constituye una referencia histórica y no una medición de las elecciones de 2026. Su resultado permite dimensionar los casos detectados en aquella muestra, pero no sustituye la investigación de las acusaciones actuales.
Los ocho mexicanos señalados deberán responder por los cargos que les atribuyen las autoridades estadounidenses. La resolución de cada expediente dependerá de las pruebas y del proceso judicial correspondiente.
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