Arrestan al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes contra la humanidad

El gobierno de Filipinas confirmó la detención del expresidente Rodrigo Duterte en el Aeropuerto Internacional de Manila, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad relacionados con su polémica guerra contra las drogas.

Detención en el aeropuerto de Manila

El Palacio de Malacañang informó en un comunicado que Duterte fue arrestado este martes a las 9:20 a.m. (hora local) tras arribar a Manila procedente de Hong Kong. La detención ocurrió después de que Interpol recibiera la copia oficial de la orden de arresto emitida por el TPI.

Duterte se mostró dispuesto a entregarse

Horas antes de su detención, Duterte manifestó públicamente su disposición a entregarse al TPI, minimizando las acusaciones en su contra.

En un intento por justificar su gestión, añadió:

Crímenes de lesa humanidad y la guerra contra las drogas

Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016 con una política de «tolerancia cero» contra el narcotráfico, que derivó en una violenta represión con miles de ejecuciones extrajudiciales. Según cifras oficiales, al menos 6,000 personas murieron en estas operaciones policiales. No obstante, organizaciones humanitarias han denunciado que la cifra real podría ascender a los 30,000 muertos.

En 2018, diversas organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas denunciaron estos crímenes ante el Tribunal Penal Internacional, lo que dio inicio a una investigación formal. Como respuesta, Duterte retiró a Filipinas del TPI en 2019, en un intento por evitar ser procesado.

El futuro judicial de Duterte

Con su arresto, Duterte enfrenta un proceso ante el TPI en La Haya, lo que podría derivar en un juicio por crímenes de lesa humanidad. A pesar de haber retirado a Filipinas del tribunal, la jurisdicción del TPI sigue vigente para crímenes cometidos antes de 2019.

Su detención representa un precedente histórico en Filipinas y a nivel internacional, reafirmando el compromiso de la comunidad internacional con la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

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