El pasado sábado 2 de agosto, un motín estalló en el Centro de Reclusión Social (CERESO) de Tuxpan, Veracruz, dejando un saldo de siete personas privadas de la libertad muertas y once más lesionadas. Así lo confirmó el Gobierno del Estado mediante un comunicado oficial, en el que precisó que tras la intervención de fuerzas estatales y federales se logró recuperar el control del penal.
El conflicto se originó cuando un grupo de internos inició una serie de disturbios que incluyeron la quema de colchones, muebles y otros objetos dentro de las instalaciones, provocando columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad portuaria.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que la violencia se debió a un descontento interno relacionado con el cobro de cuotas ilegales impuestas por un grupo de la delincuencia organizada que opera al interior del penal.
Los mismos reclusos señalaron en videos filtrados que esas cuotas, que forman parte de un sistema de control informal, también estarían vinculadas con el asesinato reciente de la maestra y taxista Irma Hernández, ocurrido en la misma región.
La respuesta a la crisis fue inmediata y se desplegó un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. En un trabajo coordinado, se logró extinguir el fuego y contener los disturbios, con el menor número posible de víctimas. Tres internos que participaron en el motín fueron trasladados al penal de Pánuco para su reubicación y hasta el momento permanecen sin novedades.
Incidentes similares y contexto penitenciario en Veracruz
Este motín pone en evidencia la persistente problemática de control y violencia en los penales veracruzanos. Veracruz es uno de los estados con mayor incidencia de incidentes violentos en centros penitenciarios, donde el control de las autoridades es desafiado por estructuras criminales internas que operan redes de extorsión, tráfico de drogas, secuestros y homicidios.
En el informe oficial, la Secretaría de Seguridad Pública reafirmó el compromiso del gobierno estatal por mantener la gobernabilidad y reforzar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios. Esto incluye la implementación de protocolos de supervisión más estrictos, el fortalecimiento de los cuerpos de custodia y la coordinación permanente con instancias federales para evitar la repetición de hechos similares.
Por su parte, organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han alertado que la crisis penitenciaria en Veracruz no solo se limita a problemas de seguridad, sino también a condiciones precarias de internamiento, sobrepoblación y falta de acceso a servicios básicos para los internos, factores que aumentan la tensión y el riesgo de estallidos violentos.
También te puede interesar: Capturan en Acapulco a presunto líder criminal vinculado a secuestros y homicidios en CDMX
