El príncipe Harry, duque de Sussex, ha iniciado una batalla legal en los Tribunales Reales de Justicia del Reino Unido para recuperar la protección policial estatal durante sus visitas privadas al país. La petición se basa en el alto nivel de riesgo que enfrenta desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real, y especialmente tras las amenazas explícitas de la organización terrorista Al Qaeda.
En una audiencia reciente, su equipo legal advirtió que “la vida del príncipe Harry está en juego”, luego de que el Comité Ejecutivo Real y VIP (RAVE) negara su solicitud de seguridad financiada por el Estado durante sus estancias privadas en territorio británico.
La raíz de la controversia se encuentra en las revelaciones del propio Harry en su libro autobiográfico Spare, donde confesó haber matado a 25 combatientes talibanes durante su segundo despliegue militar en Afganistán en 2012. Aunque el príncipe dejó claro que no sentía orgullo por ello, sus palabras provocaron una reacción inmediata en círculos extremistas. Al Qaeda, grupo considerado terrorista por el gobierno británico, Estados Unidos y otras naciones, emitió amenazas directas contra el duque de Sussex, instando a sus seguidores a atentar contra su vida.
Según el diario The Times, uno de los documentos presentados ante el tribunal incluye un comunicado de Al Qaeda en el que se pide el asesinato del príncipe Harry, asegurando que su muerte “complacería a la comunidad musulmana”, según el texto difundido por el grupo.
En su defensa, el equipo jurídico de Harry argumentó que el rechazo de RAVE a brindarle seguridad “careció de una evaluación formal de riesgos”, y destacó que su cliente incluso ofreció pagar por su propia protección en territorio británico, pero esa opción también fue rechazada.
Desde su renuncia como miembro activo de la realeza en 2020, Harry y su familia —Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet— solo cuentan con seguridad oficial cuando participan en eventos de la Casa Real o residen temporalmente en propiedades reales. Sin embargo, no se les otorga escolta durante visitas privadas, pese a las amenazas reconocidas contra su integridad.
El juicio sigue en curso y se espera un fallo en las próximas semanas. Si la apelación no prospera, el príncipe Harry deberá afrontar una factura legal que podría ascender a 1.5 millones de libras esterlinas (alrededor de 1.8 millones de euros). El caso ha reabierto el debate sobre el papel del Estado en la protección de exmiembros de la realeza en situaciones de alto riesgo y sobre el derecho a la seguridad en un contexto de amenazas globales.
