El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, calificó de “inaceptables” las nuevas medidas contra la CPI y pidió a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma defender su funcionamiento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó las sanciones institucionales anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que sean retiradas, al advertir que estas medidas pueden afectar el trabajo del tribunal encargado de investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves del mundo.
Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, señaló que las restricciones forman parte de una serie de represalias contra la institución y su personal por las labores que realizan para promover la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos.
El funcionario consideró que las sanciones son inaceptables y llamó a proteger a la Corte para evitar que las presiones políticas o económicas interfieran en sus investigaciones y procedimientos judiciales.
La ONU pide medidas urgentes para proteger a la Corte
Türk instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se estableció la CPI, a adoptar medidas urgentes para respaldar al tribunal y garantizar que pueda continuar con sus funciones.
El alto comisionado sostuvo que los países que forman parte del acuerdo internacional tienen una responsabilidad especial en la defensa de la institución, debido a que contribuyeron a crearla y aceptaron el marco jurídico que la sustenta.
También advirtió sobre el riesgo de que las sanciones tengan un efecto disuasorio sobre quienes documentan, investigan y persiguen judicialmente las violaciones más graves de los derechos humanos.
La petición de Naciones Unidas se produce en un contexto de conflictos armados y crisis internacionales en los que la rendición de cuentas y el acceso a la justicia continúan siendo asuntos centrales para la comunidad internacional.
Türk sostuvo que los esfuerzos de los gobiernos deberían concentrarse en fortalecer los mecanismos de justicia, en lugar de castigar a quienes trabajan para esclarecer posibles delitos internacionales.
Antecedentes de las medidas contra la CPI
El alto comisionado recordó que durante 2025 Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. También mencionó las acciones de Rusia, que llegó a condenar en ausencia a jueces del tribunal y a quien entonces se desempeñaba como fiscal general.
Estos antecedentes forman parte de las tensiones que enfrenta la CPI en el desarrollo de su labor. Las sanciones y otras medidas de presión pueden generar obstáculos para las personas vinculadas con la institución y complicar el cumplimiento de sus responsabilidades.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene competencia para juzgar determinados crímenes internacionales, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, conforme a las condiciones establecidas en su marco jurídico.
Su actuación se rige por el Estatuto de Roma y por las reglas de competencia y admisibilidad previstas en ese instrumento. No sustituye de manera general a los sistemas judiciales nacionales, sino que interviene bajo las condiciones establecidas para los casos que puede conocer.
Justicia internacional en medio de las tensiones diplomáticas
El pronunciamiento de Türk coincidió con el anuncio del Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, quien fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008. Sin embargo, fuentes diplomáticas citadas en la información original indicaron que Estados Unidos ya tenía previsto anunciar las sanciones contra la institución antes de conocerse el galardón.
La coincidencia temporal no demuestra que ambos acontecimientos estén relacionados. La información disponible apunta a que la decisión estadounidense estaba prevista con anterioridad.
Türk pidió retirar las sanciones y reforzar el papel de la Corte Penal Internacional en un escenario internacional marcado por conflictos y cuestionamientos sobre la capacidad de garantizar justicia para las víctimas.
El llamado de Naciones Unidas coloca nuevamente en el centro del debate la independencia de los tribunales internacionales y la responsabilidad de los Estados de respaldar los mecanismos de rendición de cuentas, incluso cuando sus decisiones generan tensiones diplomáticas.
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