El exgobernador de Baja California fue detenido por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos mediante operaciones ferroviarias y declaraciones irregulares de importación.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de presuntamente formar parte de una red de contrabando de combustible que habría provocado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como resultado de una investigación relacionada con operaciones de contrabando de combustible. La FGR lo señala por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando.
FGR identifica red de contrabando de combustible
La fiscal general Ernestina Godoy informó que la investigación integró información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria para identificar la estructura y su presunta forma de operación.
De acuerdo con la FGR, la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril para introducir combustible a México y habría comenzado sus operaciones a través de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.
Las empresas relacionadas con la investigación se dedicaban formalmente a importar productos derivados del petróleo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que al ingresar las mercancías desde Estados Unidos declaraban cantidades inferiores a las transportadas o registraban productos distintos a los que realmente introducían al país.
Según las indagatorias, la red habría llegado a declarar únicamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril.
Detectan más de 4 mil operaciones de importación
Entre enero y julio de 2025, las autoridades identificaron 4 mil 238 operaciones de importación presuntamente relacionadas con la estructura investigada.
Las operaciones se realizaron a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
El análisis permitió estimar un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública, derivado de la presunta introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
El caso se enmarca en las investigaciones que las autoridades federales mantienen abiertas contra redes dedicadas al llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual se introducen hidrocarburos al país utilizando declaraciones o documentación irregular para evadir el pago de impuestos.
Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la estructura y establecer la posible responsabilidad de cada una de las personas involucradas. La situación jurídica de Ruffo Appel deberá definirse conforme avance el proceso penal en su contra.
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