La primera jornada de cancelación de hipotecas del Infonavit benefició a 100 derechohabientes que habían liquidado sus créditos pero seguían sin formalizar la propiedad de sus viviendas.
Cien familias de Quintana Roo dieron por concluido un pendiente que en algunos casos se prolongó durante tres décadas. Aunque habían terminado de pagar sus créditos del Infonavit, todavía aparecían con adeudos o no contaban con la documentación necesaria para acreditar plenamente la propiedad de sus viviendas.
La situación comenzó a cambiar con la primera jornada de cancelación de hipotecas realizada en el estado, encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. El acto permitió avanzar en la liberación jurídica de las propiedades de 100 derechohabientes y sus familias.
Durante la jornada, la mandataria destacó que detrás de cada cancelación existe una historia distinta. Son trabajadores que cumplieron con el pago de sus créditos, pero que continuaban enfrentando trámites pendientes para obtener la certeza jurídica de sus hogares.
La regularización representa un cambio importante para esas familias, pues cerrar un crédito no siempre significa que el inmueble quede completamente liberado en los registros correspondientes. Por ello, la cancelación de la hipoteca permite formalizar jurídicamente una propiedad que ya fue pagada.
El delegado del Infonavit en Quintana Roo, Gerardo René García Hernández, explicó que la jornada forma parte de un convenio firmado con el Gobierno del Estado. El acuerdo busca facilitar los trámites que deben realizar los derechohabientes para concluir el proceso.
Además, el esquema contempla apoyos que reducen los gastos relacionados con la cancelación de las hipotecas. De acuerdo con el funcionario, cada familia puede obtener un ahorro aproximado de 16 mil pesos por conceptos vinculados con derechos de expedición, fojas y registro.
Quintana Roo mantiene un rezago de 51 mil cancelaciones
El problema que enfrentan estas 100 familias forma parte de un rezago mucho mayor en Quintana Roo. De acuerdo con el Infonavit, existen alrededor de 51 mil cancelaciones de hipotecas pendientes en la entidad.
La meta para este año consiste en concretar más de 13 mil de esos procedimientos. Para ello, el Gobierno de Quintana Roo participa en la atención de diversos trámites y facilita la coordinación con las instituciones responsables del proceso registral.
La estrategia busca que quienes ya terminaron de pagar sus viviendas puedan cerrar también la parte administrativa y jurídica de sus créditos. De esta manera, el beneficio no se limita a la eliminación de un adeudo, sino que permite avanzar en la regularización documental de los inmuebles.
El convenio entre el Infonavit y el Gobierno estatal cumplió un año desde su firma. A partir de este mecanismo se han establecido condiciones para reducir los obstáculos que enfrentan los derechohabientes al momento de cancelar sus hipotecas.
La gobernadora señaló que el programa forma parte de una política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender créditos que se volvieron difíciles de pagar y modificar las condiciones que generaron afectaciones a los trabajadores.
Más allá del discurso político sobre el origen del problema, el resultado concreto para las familias beneficiadas es la posibilidad de contar finalmente con documentos que acrediten que sus viviendas quedaron libres de la obligación hipotecaria.
Ese aspecto tiene especial relevancia para quienes durante años cumplieron con sus pagos. La cancelación permite cerrar un ciclo que permanecía abierto pese a que la deuda ya había sido cubierta.
Una carta que representa el cierre de una etapa
María Jesús Uitzil Cocom, una de las beneficiarias de la jornada, resumió el significado del procedimiento desde la perspectiva de quienes recibieron la documentación. Para ella, obtener la constancia representa tranquilidad después de años de cumplir con el compromiso adquirido.
La beneficiaria destacó que el documento recibido significa mucho más que un trámite administrativo. Representa, dijo, la posibilidad de reconocer formalmente como propia una vivienda por la que se realizó un esfuerzo económico durante años.
La jornada también reunió a representantes de distintas instituciones relacionadas con el proceso. Entre ellos estuvieron Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Landy Guadalupe Canché Pantoja, encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez; y José Alberto Alonso Ovando, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.
Asimismo, participó Mariann González Pliego Castillo, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. La intervención de esta institución resulta necesaria para completar la parte registral de la cancelación de las hipotecas.
El proceso involucra, por tanto, más que la liquidación de un crédito. También requiere que la propiedad quede correctamente actualizada ante las instancias correspondientes para que el derecho del propietario tenga respaldo documental.
Para las 100 familias beneficiadas, ese procedimiento llegó después de entre 20 y 30 años de pagos y gestiones. Ahora cuentan con mayor certeza sobre el patrimonio que construyeron durante ese periodo.
La meta estatal es ampliar este beneficio durante el resto del año y avanzar en la reducción del rezago de 51 mil cancelaciones. Si se cumple la previsión de superar las 13 mil, miles de familias podrían concluir finalmente una etapa que comenzó cuando adquirieron sus viviendas.
El reto será mantener el ritmo de los trámites y garantizar que quienes ya cumplieron con sus obligaciones puedan obtener la documentación correspondiente sin enfrentar nuevamente procesos prolongados.
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