Sedetus y autoridades federales estudian la situación de In House, San Judas Tadeo y Los Pájaros, ante predios que no cumplen condiciones para consolidar viviendas
La situación de varias familias que habitan asentamientos irregulares de Playa del Carmen entró en una nueva etapa. Autoridades estatales y federales analizan no solo la posibilidad de regularizar los predios, sino también reubicar a quienes viven en terrenos donde no es viable consolidar viviendas.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), informó que mantienen coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para definir una salida jurídica y territorial para estos casos.
Entre las zonas bajo análisis se encuentran In House, San Judas Tadeo y Los Pájaros. En estos sectores se han identificado predios que fueron comercializados de manera irregular, además de terrenos que presentan condiciones que dificultan o impiden su consolidación como zonas habitacionales.
El problema, por tanto, no se limita a determinar quién tiene derecho sobre un terreno. También implica establecer si el lugar donde actualmente viven las familias puede convertirse legalmente en una zona urbana con vivienda y servicios.
Reubicación de personas por ausencia de condiciones del espacio
Alonso Ovando señaló que existen terrenos donde, por sus características o por la ausencia de condiciones adecuadas, no sería viable consolidar los asentamientos. En esos casos, explicó, se analiza una posible reubicación de las personas que actualmente ocupan esos espacios.
El funcionario añadió que autoridades federales ya tienen identificadas a personas que presuntamente participaron en la comercialización irregular de terrenos. Algunos de esos predios, señaló, fueron vendidos aun cuando no eran aptos para establecer viviendas.
La investigación podría tener consecuencias legales para quienes participaron en esas operaciones. Sin embargo, la prioridad de las autoridades es encontrar una solución para las familias que actualmente viven en esos lugares y determinar qué predios pueden avanzar hacia un proceso de regularización.
Estefanía Mercado ya había fijado una postura sobre las invasiones
La situación también tiene un antecedente directo en la política de vivienda impulsada por la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado. En octubre de 2025, la alcaldesa anunció la creación de la Dirección de Vivienda y Regularización con un doble objetivo: frenar nuevas invasiones y abrir una ruta legal para las familias que ya viven en zonas irregulares.
En aquella ocasión, Mercado fue clara al señalar que su gobierno no permitiría nuevas invasiones, pero tampoco promovería desalojos. “En Playa del Carmen no vamos a permitir más invasiones. Sin embargo, tampoco vamos a promover desalojos. Todo lo contrario, vamos a promover la regularización”, afirmó.
La postura quedó acompañada de una estrategia institucional. La Dirección de Vivienda y Regularización fue creada para orientar a las familias, integrar expedientes y coordinar acciones con autoridades estatales y federales.
No todos los asentamientos pueden regularizarse
La propia administración municipal ha señalado que no todos los asentamientos pueden regularizarse. Al presentar la nueva dirección, el Ayuntamiento estableció que únicamente se buscaría regularizar aquellos asentamientos que cumplieran determinadas condiciones legales y urbanísticas.
En ese contexto, la posibilidad de reubicar familias planteada ahora por Sedetus marca una diferencia importante. La regularización puede avanzar cuando existen condiciones jurídicas y territoriales para hacerlo; cuando no las hay, la alternativa que se analiza es buscar otro espacio para quienes ya viven en esos predios.
La alcaldesa también había señalado que la nueva política de vivienda debía evitar que más personas invirtieran su patrimonio en terrenos sin seguridad jurídica. En noviembre de 2025, durante una reunión con ONU-Hábitat, Mercado sostuvo que el objetivo era garantizar que ningún habitante de Playa del Carmen volviera a invertir en terrenos sin respaldo legal.
San Judas Tadeo y otros asentamientos siguen bajo revisión
La problemática no es nueva para el Ayuntamiento. En marzo de 2026, autoridades municipales informaron que trabajaban con el ejido para regularizar alrededor de mil lotes ubicados en la zona conocida como San Judas Tadeo.
El proceso contempla la posible municipalización de calles, banquetas y áreas públicas para facilitar posteriormente la incorporación de servicios e infraestructura. Sin embargo, esa ruta corresponde únicamente a predios que puedan cumplir con las condiciones necesarias para avanzar hacia la regularización.
Jornadas de servicios de salud, prevención del delito y atención
Además, en junio pasado el Gobierno de Playa del Carmen llevó brigadas de servicios a In House y Tierra Prometida, también conocida como San Judas Tadeo. Las acciones incluyeron servicios de salud, prevención del delito y atención para las familias que viven en esos asentamientos.
Los Pájaros también forma parte de la atención municipal. En julio, alrededor de 100 habitantes recibieron servicios relacionados con identidad, salud y otros trámites durante una jornada encabezada por Estefanía Mercado.
La presencia de servicios municipales en estas zonas no significa que todos los predios estén en condiciones de ser regularizados. Precisamente por ello, la revisión territorial resulta determinante para separar los casos que pueden avanzar jurídicamente de aquellos que requieren una solución distinta.
El reto será proteger a las familias sin legalizar predios inviables
El problema coloca a las autoridades ante una decisión compleja. Por una parte, deben evitar que las familias pierdan el patrimonio que adquirieron, en algunos casos mediante operaciones que ahora son señaladas como irregulares.
Por otra, tampoco pueden convertir automáticamente cualquier predio ocupado en una zona habitacional regularizada si existen impedimentos legales, urbanos o físicos para hacerlo.
La propia Dirección de Vivienda y Regularización municipal fue diseñada para atender precisamente esa diferencia. El Ayuntamiento ha explicado que su función incluye orientar a las familias, prevenir fraudes y coordinar procesos de regularización, pero no legalizar asentamientos que no sean susceptibles de regularización.
Ahora, con la revisión conjunta entre Sedetus, Insus y Sedatu, el siguiente paso será determinar caso por caso qué terrenos pueden incorporarse a una ruta de regularización y cuáles requieren una alternativa territorial.
Vivienda, infraestructura y servicios
Para las familias, la definición será relevante porque no solo está en juego la propiedad de los predios. También están de por medio la posibilidad de contar con servicios, infraestructura y una vivienda respaldada jurídicamente.
Mientras tanto, las autoridades deberán avanzar en la identificación de quienes presuntamente comercializaron los terrenos de manera irregular. Si las investigaciones confirman responsabilidades, corresponderá a las instancias competentes determinar las consecuencias legales.
El punto central de la estrategia será evitar que las familias terminen pagando nuevamente por decisiones de terceros. La regularización será una alternativa donde sea jurídicamente viable; en los casos donde el asentamiento no pueda consolidarse, la reubicación aparece ahora como una posibilidad que las autoridades deberán definir con criterios legales, urbanos y sociales.
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