El programa impulsado por Estefanía Mercado y la séptima regidora Xel-Ha Dehesa busca revisar expedientes para determinar si existen condiciones legales que permitan modificar medidas cautelares.
Una persona que permanecía en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen obtuvo su libertad mediante una resolución judicial, en lo que representa el primer caso de la estrategia Segunda Oportunidad, informó la séptima regidora Xel-Ha Dehesa, presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y de Seguimiento de la Agenda 2030.
La edil explicó que la resolución consideró factores como la condición de primodelincuente, el tipo de delito, la edad y el comportamiento de la persona, entre otros elementos que pueden ser relevantes para el análisis judicial de cada expediente.
Abogados revisan los primeros 20 expedientes
Dehesa señaló que la iniciativa, impulsada por la presidenta municipal Estefanía Mercado en coordinación con la séptima Regiduría, contempla la revisión de casos para identificar aquellos en los que existan fundamentos legales para solicitar cambios en las condiciones bajo las cuales las personas enfrentan sus procesos.
“Nuestra presidenta designó a un grupo interinstitucional, con diez abogados, para revisar los primeros veinte casos y hoy empieza a ser una realidad”, expresó la regidora.
El equipo jurídico tiene la tarea de analizar los expedientes y determinar si existen elementos para presentar solicitudes ante las autoridades judiciales. La revisión no implica que todas las personas consideradas puedan obtener su libertad, ya que cada situación debe evaluarse de manera individual.
La decisión final corresponde a los jueces
La regidora precisó que corresponde a los jueces analizar las solicitudes y determinar si procede modificar las medidas cautelares de las personas sujetas a un proceso.
La obtención de la libertad mediante este mecanismo no significa, por sí misma, que la persona haya sido absuelta o declarada inocente. Se trata de una resolución judicial cuyo alcance depende de las condiciones y fundamentos establecidos por la autoridad competente.
La información municipal menciona tanto la modificación de medidas cautelares como la suspensión del proceso, pero no especifica cuál de estas figuras jurídicas se aplicó en el primer caso.
Por ello, las condiciones concretas de la resolución deberán distinguirse de los objetivos generales de la estrategia, que busca identificar expedientes susceptibles de revisión dentro del marco legal.
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