Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida, fue absuelto de los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo que le imputó Grupo Porcícola San Gerardo, empresa vinculada a una megagranja porcícola clausurada este año por incumplimientos ambientales. La resolución fue emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, poniendo fin a un proceso judicial que organizaciones civiles consideraban relacionado con su activismo comunitario.
El caso adquirió relevancia nacional debido a que Nahuat Puc encabezó durante años la oposición de habitantes mayas contra las operaciones de la granja, señalada por organizaciones ambientales y de bienestar animal por presuntos impactos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
La controversia también involucró cuestionamientos sobre la expansión del modelo de producción porcícola intensiva en la Península de Yucatán, una región caracterizada por su frágil sistema de acuíferos kársticos y ecosistemas altamente vulnerables a la contaminación.
Aunque un juez había decretado el sobreseimiento del caso en octubre de 2025, la empresa promovió una apelación que mantuvo abierto el proceso judicial hasta este mes, cuando finalmente se confirmó la absolución del representante comunitario.
Diversas organizaciones ambientalistas celebraron la resolución y la consideraron un precedente importante para la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas.
Clausura de la granja marcó un precedente ambiental
La granja San Gerardo se encontraba en el centro de una larga disputa ambiental. De acuerdo con colectivos ciudadanos y organizaciones especializadas, las instalaciones operaron durante años sin cumplir plenamente con diversas autorizaciones y requisitos ambientales.
Los señalamientos incluían presuntos impactos sobre el acuífero kárstico de la región, afectaciones al suelo y emisiones que generaban molestias para comunidades cercanas.
En abril de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura definitiva de las instalaciones y el retiro de más de 41 mil cerdos que permanecían en el complejo productivo.
La decisión fue considerada una de las acciones ambientales más relevantes en los últimos años dentro de la Península de Yucatán, donde el crecimiento de las megagranjas ha generado un debate constante entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos comunitarios.
Para especialistas, el caso evidenció la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental en actividades agroindustriales de gran escala que operan en zonas ecológicamente sensibles.
La resolución judicial a favor del comisario ocurre apenas semanas después de la clausura de la granja y vuelve a colocar en la agenda pública la discusión sobre el impacto ambiental de este tipo de proyectos.
Investigación documentó maltrato animal y problemas sanitarios
La controversia alrededor de la granja aumentó en julio de 2025 tras la publicación de una investigación encubierta realizada por la organización internacional Mercy For Animals.
La investigación documentó presuntas prácticas de maltrato animal, condiciones de hacinamiento y deficiencias sanitarias dentro de las instalaciones. Entre los hallazgos se reportaron animales con lesiones visibles, enfermedades sin atención oportuna y corrales con acumulación de desechos.
También se registraron imágenes de lechones en condiciones precarias y cadáveres de animales dentro de algunas áreas de producción, situaciones que generaron preocupación entre organizaciones defensoras del bienestar animal.
Los hallazgos reforzaron las denuncias realizadas por habitantes de la región y por grupos ambientalistas que durante años cuestionaron las condiciones de operación de la megagranja.
La absolución de Wilberth Nahuat Puc representa un nuevo capítulo en un conflicto que combina defensa ambiental, derechos indígenas, bienestar animal y regulación de la agroindustria en la Península de Yucatán.
Para organizaciones civiles, el caso refleja los desafíos que enfrentan comunidades que buscan proteger sus recursos naturales frente a proyectos de gran escala y subraya la importancia de garantizar el acceso a la justicia para quienes participan en la defensa del territorio.
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