Una corte civil del estado de Florida dictó este jueves una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de corrupción y contrataciones ilícitas que desvió fondos millonarios del erario mexicano.
Según el fallo emitido por la jueza Lisa Walsh, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue sentenciada a pagar 1,740 millones de dólares, sumando un total de 2,488 millones de dólares que deberán ser restituidos por el daño ocasionado al Estado mexicano.
Un esquema de corrupción trasnacional
La sentencia se deriva de un proceso civil iniciado en 2021 por el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el que se denunció que García Luna, durante su gestión como secretario de Seguridad en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, diseñó un entramado de contratos públicos manipulados a favor de empresas israelíes, a cambio de sobornos millonarios.
Estos fondos habrían sido triangulados a cuentas bancarias en Miami, Florida, causando un daño patrimonial superior a los 634 millones de dólares al gobierno mexicano. La UIF presentó pruebas de que el dinero fue canalizado mediante una red de empresas fachada controladas por el exfuncionario y su círculo cercano.
Falta de defensa y extradición en puerta
La jueza Walsh falló en contra de García Luna tras constatar su falta de interés en defenderse durante el proceso. En tanto, Linda Cristina Pereyra abandonó el caso poco después de iniciado el litigio, lo cual también influyó en la decisión de la corte.
La resolución se produce semanas después de que el Gobierno de México solicitara formalmente la extradición de García Luna, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por narcotráfico luego de haber sido encontrado culpable en 2023 por colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba un cargo clave en la seguridad nacional.
Un paso más hacia la rendición de cuentas
Este fallo representa una victoria jurídica para el Estado mexicano, que busca recuperar recursos públicos desviados durante administraciones pasadas y enviar un mensaje contundente contra la impunidad.
La UIF y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han reiterado que continuarán impulsando acciones legales contra exfuncionarios que se beneficiaron de la corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tanto en México como en el extranjero.
El caso de García Luna se ha convertido en uno de los más emblemáticos del combate a la corrupción de alto nivel, y la sentencia en Miami podría abrir la puerta a otros procesos civiles y penales similares en Estados Unidos y México.
También te puede interesar: «¡Ya dejen de matar!»: Iglesia Católica condena los asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega
