La secretaria de Gobierno, Cristina Alcerreca Manzanero, señaló que el uso de vehículos oficiales, bienes municipales u horarios laborales para favorecer actividades políticas podría derivar incluso en la baja definitiva del personal involucrado.
El Ayuntamiento de Playa del Carmen advirtió que no permitirá el uso de recursos públicos para realizar actividades de proselitismo político durante el proceso electoral 2026-2027. La medida contempla posibles sanciones para los trabajadores que utilicen vehículos oficiales, instalaciones, bienes municipales o su horario laboral para favorecer a alguna figura o movimiento político.
Cristina Alcerreca Manzanero, secretaria de Gobierno municipal, señaló que las personas servidoras públicas deberán respetar el reglamento interno y separar sus actividades laborales de cualquier participación política.
La funcionaria advirtió que las conductas contrarias a estas disposiciones podrían tener consecuencias administrativas, incluida la baja definitiva, dependiendo de la falta cometida y de los procedimientos correspondientes.
La advertencia se produce ante el próximo proceso electoral y busca evitar que la estructura del gobierno municipal o los recursos destinados a prestar servicios a la ciudadanía se utilicen con fines partidistas.
El Ayuntamiento notificará las restricciones a su personal
Alcerreca Manzanero explicó que las disposiciones serán comunicadas a las distintas áreas del Ayuntamiento mediante circulares, oficios y reuniones con quienes encabezan las dependencias.
El propósito, indicó, es que los responsables de cada área conozcan las conductas que no estarán permitidas y transmitan las instrucciones al personal bajo su cargo.
Entre las prácticas que podrían generar sanciones se encuentra utilizar vehículos oficiales para acudir a actos políticos, realizar promoción durante el horario de trabajo o destinar recursos municipales a actividades de apoyo electoral.
La aplicación de estas restricciones busca mantener la separación entre las funciones de gobierno y las actividades de carácter político. También pretende impedir que los bienes públicos se conviertan en instrumentos para favorecer intereses particulares o partidistas.
Sin embargo, la advertencia de una posible baja definitiva no significa que cualquier expresión política de un trabajador pueda castigarse automáticamente. La conducta, las circunstancias y las disposiciones aplicables deberán determinarse conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
Los trabajadores podrán participar en política fuera de su jornada
La secretaria de Gobierno aclaró que las personas empleadas por el Ayuntamiento conservan el derecho de participar en movimientos políticos durante sus días de descanso, periodos vacacionales o jornadas de asueto oficial.
También podrán expresar respaldo a figuras políticas desde sus cuentas personales en redes sociales, siempre que lo hagan fuera de su horario laboral y sin utilizar recursos públicos.
La distinción planteada por la funcionaria busca separar la participación individual de los servidores públicos del uso de la estructura institucional para actividades de promoción política.
En ese sentido, la restricción no se dirige a impedir que los trabajadores tengan preferencias o participen en la vida pública, sino a evitar que utilicen su posición dentro del gobierno municipal para intervenir en actividades de carácter electoral.
La vigilancia del uso de recursos públicos cobra relevancia electoral
Con la proximidad del proceso electoral 2026-2027, el Ayuntamiento tendrá que vigilar que los recursos humanos, materiales y financieros se destinen a las funciones para las que fueron asignados.
El cumplimiento de estas disposiciones será relevante para evitar que las dependencias municipales se involucren en actividades partidistas y para garantizar que los servicios públicos no se vean condicionados por intereses políticos.
La advertencia de Cristina Alcerreca Manzanero establece una línea de actuación para el personal municipal: la participación política personal puede realizarse fuera de la jornada laboral, pero el uso de vehículos, bienes y tiempo de trabajo para hacer proselitismo podría generar responsabilidades.
El alcance de estas medidas dependerá de su aplicación y de que existan mecanismos claros para identificar, documentar y sancionar las conductas que infrinjan las reglas.
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