La Corte Suprema de EE. UU. avaló este viernes al gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al programa de parole humanitario que otorgó estatus legal temporal a más de 500 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La decisión suspende una orden judicial previa y allana el camino para que cientos de miles de personas queden expuestas a una rápida deportación.
El programa, establecido durante el gobierno de Joe Biden, había permitido la entrada legal al país bajo criterios de urgencia humanitaria o interés público. Fue sustentado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que faculta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a conceder este permiso de manera discrecional.
Una decisión que cambia el rumbo migratorio de EE. UU.
La decisión judicial permite la reanudación del plan migratorio de Trump, quien el mismo día que asumió el cargo firmó una orden ejecutiva para eliminar los programas de parole. En marzo pasado, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó oficialmente la revocación del programa.
«La Corte Suprema intervino con justicia», declaró Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, en entrevista con CNN. «Celebramos la oportunidad de deportar a 500 mil invasores», añadió, en un tono que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.
Respuestas divididas y consecuencias legales
En su opinión disidente, la magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió que el fallo «dejará en el olvido las vidas de medio millón de migrantes a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus demandas legales». Junto con la jueza Sonia Sotomayor, integran el ala liberal de la Corte que se opuso a la decisión.
Con esta orden, el camino queda despejado para que el DHS someta a los beneficiarios del parole a un proceso de «expulsión acelerada», un procedimiento que permite deportaciones rápidas sin intervención judicial previa.
El gobierno de Biden había defendido el programa como una medida para disuadir la migración irregular, permitiendo la entrada ordenada de personas con patrocinadores en EE. UU. y cupos mensuales limitados. Sin embargo, Trump alegó que el programa abusaba de las facultades ejecutivas y facilitaba el ingreso masivo de extranjeros sin garantías para la seguridad nacional.
Varios grupos civiles han demandado al gobierno de Trump por la cancelación del parole humanitario, argumentando que la medida pone en riesgo a personas que huyen de regímenes autoritarios, pobreza extrema o violencia sistemática.
Impacto en la política migratoria rumbo a las elecciones
El fallo de este viernes se suma a otra decisión reciente de la Corte Suprema que permitió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350 mil venezolanos, reforzando el giro drástico de la política migratoria bajo el nuevo gobierno.
Para los defensores de derechos humanos, la Corte está permitiendo que el gobierno avance con cambios migratorios estructurales antes de que los tribunales inferiores se pronuncien a fondo. Para el equipo de Trump, se trata de un paso clave para «recuperar el control de las fronteras» y «restaurar el Estado de derecho».
