Más de 50 empresas prestadoras de servicios petroleros en Campeche enfrentan un escenario crítico: sus cuentas bancarias han sido embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene con ellas adeudos millonarios desde hace más de un año.
Así lo denunció la diputada federal Rocío Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, durante su participación en el Simposium Internacional de la Energía 2025, organizado por la Cámara Nacional de Manufactura Eléctrica (CANAME).
La legisladora advirtió que esta situación está asfixiando financieramente a las empresas del sector energético en la región, impidiéndoles operar y pagar a sus trabajadores. “Están viviendo una doble crisis: por un lado, Pemex no les paga; y por otro, el SAT les congela las cuentas bancarias. Es una bomba social”, declaró.
Impacto directo en familias y economía local
Abreu subrayó que la intervención de cuentas ha creado un círculo vicioso. Las empresas no pueden acceder a sus propios recursos, lo que impide el pago de nóminas, compromisos fiscales y de operación. Esta parálisis repercute directamente en miles de familias campechanas que dependen del sector petrolero.
“Es indispensable establecer un diálogo directo entre Pemex, el SAT y la Secretaría de Hacienda para evitar el colapso total del ecosistema energético en Campeche. Esto no se resuelve congelando cuentas, sino regularizando pagos”, expresó.
Ante la falta de respuesta por parte del titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, Abreu hizo un llamado urgente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, para que intervenga de manera directa.
Pemex: una deuda que no deja de crecer
La presión financiera sobre estas empresas se suma a la deuda histórica que arrastra Pemex. Al cierre del primer trimestre de 2025, la petrolera estatal acumulaba una deuda con proveedores superior a los 404 mil millones de pesos, mientras que su deuda financiera total ronda los 101 mil millones de dólares.
Frente a este escenario, Rocío Abreu adelantó que se analiza una alternativa legislativa para trasladar parte de la deuda de Pemex al Gobierno federal. Esto permitiría que el Estado asuma el financiamiento de estos pasivos bajo mejores condiciones crediticias y con tasas de interés más bajas.
“Si hacemos las adecuaciones legales necesarias, podríamos reactivar la producción petrolera con mayor rapidez. Nos urge levantar la industria”, sostuvo.
La propuesta contempla una nueva proyección de deuda en coordinación con los titulares de Hacienda, Energía y la dirección general de Pemex, encabezada por Víctor Rodríguez. El objetivo sería identificar qué porcentaje del pasivo es viable para su absorción gubernamental sin comprometer el equilibrio fiscal.
Senado también respalda el rescate financiero
Desde la Cámara Alta, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, aseguró que el Senado apoyará cualquier decisión que tome la presidencia de la República y Pemex respecto a esta estrategia de alivio financiero.
“La deuda de Pemex con proveedores no puede seguir postergándose. Apenas se ha logrado cubrir el 30 % del total, pero la meta es liquidarla este año. Si eso implica que el Gobierno federal asuma parte de la carga, estamos de acuerdo”, expresó.
Con una industria en jaque y cientos de empleos en riesgo, la presión recae ahora sobre las autoridades hacendarias para frenar lo que ya se perfila como una crisis sistémica en la región petrolera de Campeche.
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