La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos sobre la manifestación del próximo domingo contra la gentrificación en la Ciudad de México. Recomendó a los estadounidenses evitar la zona de la marcha y no participar en manifestaciones de carácter político, ya que la ley mexicana prohíbe a extranjeros involucrarse en actividades políticas, lo cual podría derivar en detención o deportación.
“Los ciudadanos estadounidenses deben evitar participar en manifestaciones que las autoridades puedan considerar políticas, ya que la ley mexicana prohíbe la participación política de ciudadanos extranjeros, y su participación puede resultar en detención o deportación”, dijo la embajada estadounidense. Asimismo, recordó la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, en la cual hubo actos vandálicos.
Prevención y llamado a la paz en medio de tensiones sociales
El 4 de julio se realizó una manifestación en las colonias Roma y Condesa, donde algunos participantes vandalizaron propiedades y lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeras. Este antecedente preocupa a las autoridades, pues la violencia no solo afecta la imagen de la protesta, sino que también genera riesgos para quienes transitan o viven en la zona.
En respuesta a estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que la próxima marcha se realice sin violencia. “Que no haya violencia. En México hay derecho a la manifestación, a la libre expresión, aunque algunos digan que no, es falso”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina. Sheinbaum enfatizó la importancia de que la protesta, convocada por colectivos y activistas contra la gentrificación, sea pacífica y organizada.
Además, la gentrificación continúa siendo un problema crítico para miles de habitantes en la capital mexicana, con un aumento sostenido en los costos de la vivienda que afecta principalmente a comunidades de bajos ingresos. La próxima marcha, que se realizará en el sur de la Ciudad de México, buscará visibilizar esta problemática y presionar por políticas públicas que detengan el desplazamiento de residentes originarios.
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