El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes que los trabajadores migrantes que su administración está expulsando resultan difíciles de sustituir, especialmente en sectores como la agricultura. Esta declaración pone sobre la mesa la complejidad y contradicciones de su política migratoria, que busca restringir la entrada de personas, pero al mismo tiempo depende de ellas para actividades económicas esenciales.
En entrevista con la cadena CNBC, Trump sostuvo que “la gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural”. El mandatario insistió en que su gobierno está deportando principalmente a “criminales”, pero aseguró que se está trabajando para proteger a los agricultores, quienes “son una parte muy importante de este país”.
Trump detalló que, aunque la expulsión de migrantes es parte de su agenda, se busca evitar daños a sectores que dependen directamente de esta mano de obra. En ese sentido, anunció que están diseñando “reglas y regulaciones” para permitir que algunos migrantes puedan regresar legalmente al país, con permisos específicos para trabajar en áreas críticas como la agricultura.
Balance entre política migratoria y necesidades económicas: un dilema sin solución sencilla
La admisión de Trump refleja una tensión creciente entre la implementación estricta de políticas migratorias y la dependencia estructural de Estados Unidos en la mano de obra migrante, particularmente en sectores como la agricultura, la hotelería y el ocio.
Esta realidad ha generado debates tanto dentro del gobierno como en la opinión pública, pues muestra que la expulsión masiva podría impactar negativamente la economía.
El presidente explicó que “en algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que vuelvan legalmente. Y estamos haciendo cosas que son muy difíciles de hacer y muy complejas, pero que funcionan muy bien”.
Esta afirmación sugiere que, aunque la línea oficial sea una política dura contra la migración irregular, existe un reconocimiento tácito de que ciertos trabajadores deben ser incorporados bajo esquemas legales para mantener sectores estratégicos.
Este reconocimiento no es nuevo: desde junio pasado, la administración de Trump ha avanzado en cambios para mitigar el impacto de las deportaciones en el sector agrícola y otros. Sin embargo, sigue generando controversia que, por un lado, se expulsen migrantes y, por otro, se planteen mecanismos para facilitar su retorno bajo control.
Reducción de la población migrante afecta disponibilidad de mano de obra
Los datos más recientes reflejan esta compleja dinámica. El informe de empleo de julio mostró una creación neta de 73 mil puestos de trabajo, cifra que fue criticada por Trump, quien destacó que entre marzo y el mes pasado hubo una caída de 1.7 millones de empleos ocupados por extranjeros. Esto pone en evidencia cómo la reducción de la población migrante afecta la disponibilidad de mano de obra en ciertas industrias.
La política migratoria estadounidense ha sido un tema central durante años, con posturas divididas entre quienes abogan por la apertura y regularización, y quienes priorizan la restricción y control estricto. El propio Trump ha oscilado en su discurso, aunque mantiene una postura firme contra la migración irregular, pero debe ajustar su estrategia para atender las necesidades económicas.
Este escenario revela que la migración es un fenómeno complejo que no puede abordarse únicamente con medidas restrictivas. La economía de Estados Unidos, en particular sectores esenciales como la agricultura, depende de la mano de obra migrante, y esa dependencia obliga a los legisladores y autoridades a buscar un equilibrio entre seguridad, control migratorio y desarrollo económico.
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