Cinco exfuncionarios municipales de Morelos permanecerán bajo prisión preventiva tras ser acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El caso forma parte de la llamada Operación Enjambre, una investigación federal que busca detectar posibles redes de infiltración criminal dentro de gobiernos municipales. Mientras avanzan las audiencias judiciales, las autoridades mantienen la búsqueda del exalcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien continúa prófugo de la justicia.
Juez federal envía a prisión a exfuncionarios de Morelos
La resolución fue emitida por el juez federal Alejandro Domínguez Villapudua, adscrito a la sede judicial de Hermosillo, Sonora, durante una audiencia inicial realizada mediante videoconferencia con representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
El juzgador calificó de legal la detención de los implicados y notificó formalmente los delitos que enfrentan. Además, determinó imponer prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones federales.
Los exfuncionarios fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, donde permanecerán internados hasta que se defina su situación jurídica.
A solicitud de las defensas legales, el juez autorizó la duplicidad del término constitucional. Por esa razón, será hasta el próximo jueves cuando se determine si los acusados serán vinculados formalmente a proceso penal.
Entre los detenidos se encuentra Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de ese mismo municipio.
La investigación también involucra a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado avances relacionados con el desarrollo de su audiencia inicial.
Actualmente, la excandidata permanece recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Fiscalía investiga presunto financiamiento ilícito de campañas
De acuerdo con las investigaciones federales, los ahora detenidos habrían sostenido reuniones con integrantes del crimen organizado durante el proceso electoral de 2024.
Las indagatorias señalan que los exfuncionarios participaron en un encuentro con un líder regional del Cártel de Sinaloa identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.
Según la carpeta de investigación federal, durante esa reunión se habrían pactado apoyos económicos ilícitos para campañas políticas a cambio de protección institucional, impunidad y beneficios para la organización criminal una vez que los involucrados asumieran cargos públicos.
Las autoridades federales sostienen que la investigación forma parte de una estrategia más amplia para detectar posibles estructuras de infiltración criminal dentro de gobiernos municipales de Morelos.
El caso también provocó repercusiones políticas luego de que el senador por Morelos, Víctor Mercado Salgado, reconociera públicamente tener cercanía con algunos de los detenidos.
El legislador admitió que varios de los implicados participaron en actividades relacionadas con su campaña rumbo al Senado. Sin embargo, negó cualquier relación con actividades ilícitas.
Mientras tanto, autoridades federales mantienen activo un operativo para localizar al exalcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien logró evadir el despliegue realizado el pasado 20 de mayo.
La Fiscalía General de la República considera que el exedil forma parte de la misma red investigada por presuntos vínculos entre actores políticos locales y el crimen organizado.
Operación Enjambre mantiene abiertas nuevas líneas de investigación
Especialistas en seguridad consideran que este caso refleja el nivel de presión que grupos criminales ejercen sobre gobiernos municipales en distintas regiones del país. Además, advierten que las investigaciones podrían ampliarse hacia otros funcionarios y operadores políticos relacionados con campañas recientes.
Analistas también señalan que Morelos se ha convertido en uno de los estados donde organizaciones criminales buscan aumentar influencia política mediante financiamiento ilegal, amenazas y presuntos acuerdos con actores locales.
La Operación Enjambre se mantiene abierta y las autoridades federales no descartan nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las investigaciones de la FEMDO y de la Fiscalía General de la República.
El caso ha generado preocupación dentro del ámbito político morelense debido a la posibilidad de que existan más funcionarios vinculados con estructuras criminales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuántas personas adicionales son investigadas dentro de esta operación.
Mientras continúan las audiencias judiciales, los detenidos permanecerán bajo resguardo federal en Hermosillo. La próxima resolución judicial será clave para determinar si el proceso penal avanza formalmente contra los acusados.
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