Las comunidades indígenas mayo-yoreme de la Bahía de Ohuira intensificaron su resistencia contra la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo, mientras organismos de Naciones Unidas mantienen alertas dirigidas a los gobiernos de México, Alemania y Suiza por los posibles impactos ambientales, sociales y de salud pública asociados al megaproyecto industrial. La protesta escaló esta semana con la instalación de un plantón indefinido en los accesos de la obra, una acción que representa el capítulo más reciente de un conflicto que se ha prolongado durante más de una década.
El movimiento indígena sostiene que la planta promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman, amenaza uno de los ecosistemas costeros más importantes del noroeste mexicano y vulnera derechos fundamentales de los pueblos originarios.
La movilización comenzó durante la madrugada del lunes 15 de junio, cuando entre 150 y 200 integrantes de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos instalaron un campamento permanente frente a las instalaciones del complejo industrial.
Portando banderas blancas con la leyenda “¡Aquí No!”, los manifestantes bloquearon los accesos principales y anunciaron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta definitiva del Gobierno federal.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y uno de los principales voceros del movimiento, aseguró que la protesta no será levantada mientras continúe la operación o construcción del proyecto.
Los inconformes exigen la cancelación definitiva de la planta, la restauración ambiental de las zonas afectadas y garantías de que el complejo no será reubicado en otra región del estado.
Doce años de resistencia y conflictos legales
La oposición al proyecto comenzó hace más de una década, cuando comunidades indígenas, organizaciones ambientales y pescadores advirtieron sobre los posibles impactos de la instalación industrial en la Bahía de Ohuira.
Los opositores sostienen que durante los trabajos de preparación se registró la afectación de manglares, humedales y áreas ecológicamente sensibles que forman parte de uno de los sistemas lagunares más importantes del Pacífico mexicano.
Entre las denuncias más recurrentes se encuentra el relleno de aproximadamente 28 hectáreas de humedales y la alteración de ecosistemas considerados estratégicos para la reproducción de especies marinas.
Las comunidades también argumentan que nunca existió una consulta previa, libre e informada que cumpliera plenamente con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas.
El conflicto alcanzó uno de sus momentos más importantes en 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de autorizaciones relacionadas con el proyecto al considerar que existieron irregularidades en el proceso de consulta.
Sin embargo, pese a esa resolución, la construcción continuó avanzando y actualmente presenta un progreso cercano al 88 por ciento.
Naciones Unidas alerta sobre posibles riesgos
El caso trascendió las fronteras nacionales y llegó a organismos internacionales especializados en derechos humanos y medio ambiente.
Diversas relatorías de Naciones Unidas emitieron comunicaciones dirigidas a México, Alemania y Suiza para expresar preocupación sobre los posibles impactos del proyecto.
Las observaciones se centran en riesgos asociados al almacenamiento, manejo y producción de amoniaco a gran escala dentro de una zona considerada ambientalmente sensible.
Expertos han advertido que un accidente industrial podría generar la liberación de nubes tóxicas capaces de afectar extensas áreas pobladas.
Algunas evaluaciones citadas por organismos internacionales señalan que una eventual fuga podría tener repercusiones dentro de un radio de hasta 45 kilómetros.
La preocupación también alcanza al ecosistema del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar debido a su importancia para la biodiversidad.
En esta región habitan especies protegidas y de alto valor ecológico, incluyendo delfines, tortugas marinas y numerosas aves migratorias.
Además, miles de familias dependen directamente de la pesca y otras actividades vinculadas al equilibrio ambiental de la zona.
Las alertas también mencionan posibles impactos derivados de descargas de agua utilizada en procesos industriales, las cuales podrían modificar condiciones ecológicas fundamentales para la reproducción de especies comerciales como el camarón.
La empresa defiende el proyecto
Gas y Petroquímica de Occidente y el grupo Proman sostienen que la planta cumple con la legislación mexicana y con estándares internacionales de seguridad ambiental.
La empresa argumenta que el proyecto contribuirá a fortalecer la producción nacional de fertilizantes, reducir la dependencia de importaciones y apoyar la seguridad alimentaria del país.
La inversión estimada supera los mil 500 millones de dólares y cuenta con respaldo financiero internacional, incluido el banco público alemán KfW IPEX-Bank.
Los promotores consideran que la instalación generará empleos directos e indirectos, además de impulsar el desarrollo económico regional.
Sin embargo, los opositores afirman que los beneficios económicos no compensan los riesgos ambientales y sociales denunciados durante años.
Especialistas consideran que el caso de Bahía de Ohuira podría convertirse en un referente nacional sobre la protección de sitios Ramsar, la participación de comunidades indígenas en proyectos de gran escala y los límites ambientales del desarrollo industrial.
Mientras continúan las protestas, Semarnat y Profepa han señalado que realizarán evaluaciones adicionales para revisar el cumplimiento de la normatividad ambiental y determinar posibles afectaciones ecológicas.
Por ahora, el plantón permanece activo y las comunidades indígenas aseguran que mantendrán la movilización hasta obtener una respuesta definitiva sobre el futuro de la megaplanta.
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