Playa del Carmen.— El Ayuntamiento de Playa del Carmen decidió no iniciar todavía visitas de verificación a las propiedades que operan como rentas vacacionales. La administración municipal optará primero por medir la respuesta de los propietarios ante la plataforma de regularización.
A 15 días del inicio del programa, el tesorero municipal, Guillermo Brahms González, explicó que la estrategia contempla una primera etapa basada en la participación de los prestadores.
El funcionario señaló que las autoridades deben permitir que los propietarios cumplan de manera voluntaria antes de recurrir a mecanismos de carácter coercitivo. Por ello, el gobierno municipal observará el comportamiento de la plataforma durante esta primera fase.
“Vamos a esperar; tenemos que siempre creer en la gente. Es lo principal de un municipio: no ser coercitivo desde un inicio”, declaró.
La postura marca el siguiente paso de una estrategia que busca incorporar al padrón municipal a miles de alojamientos ofrecidos mediante plataformas digitales. Además, abre un periodo de evaluación antes de determinar si será necesario acudir directamente a los inmuebles.
La regularización comenzó el 15 de agosto
La plataforma municipal comenzó a operar el 15 de agosto con el objetivo de facilitar la incorporación de las rentas vacacionales al esquema de obligaciones del Ayuntamiento.
Entre los trámites contemplados se encuentran el Derecho de Saneamiento Ambiental, la licencia de funcionamiento y la anuencia de Protección Civil.
El gobierno municipal calcula que existen alrededor de 16 mil lugares ofertados como rentas vacacionales en Playa del Carmen. Ese universo representa uno de los principales retos para la estrategia de regularización.
Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no tiene una estimación concreta sobre cuánto podría ingresar por estos conceptos. Brahms González únicamente adelantó que la recaudación podría representar “varios millones” de pesos.
Por ahora, la prioridad será conocer cuántos propietarios utilizan la plataforma y cumplen con las obligaciones correspondientes.
Asimismo, el tesorero explicó que el programa es nuevo y requiere un periodo de observación. En consecuencia, las autoridades evitarán adelantar medidas de inspección hasta conocer los resultados iniciales.
La decisión también permite al municipio evaluar si el mecanismo de autodeterminación es suficiente para incorporar al sector al cumplimiento de sus obligaciones.
Seguridad también está en el centro de la regulación
La estrategia municipal no está planteada únicamente como una medida recaudatoria. De acuerdo con el tesorero, uno de los objetivos consiste en mejorar las condiciones de seguridad para las personas que utilizan estos alojamientos.
En ese sentido, la anuencia de Protección Civil adquiere relevancia. El requisito permite que los inmuebles incorporados al esquema cumplan con las disposiciones correspondientes antes de operar dentro de la regulación municipal.
Además, las autoridades buscan construir un mapa de los puntos donde funcionan las rentas vacacionales. Contar con esa información permitiría conocer con mayor precisión la distribución de estos espacios dentro del municipio.
Por otra parte, la regulación también responde a una demanda del sector hotelero. Los establecimientos tradicionales han señalado que las plataformas digitales representan una forma de competencia que debe sujetarse a reglas similares.
Brahms González reconoció esa discusión, aunque planteó la necesidad de mantener un equilibrio. El municipio busca regular los servicios sin limitar la posibilidad de que los visitantes elijan distintas alternativas de hospedaje.
El debate, por tanto, no se reduce al pago de derechos municipales. También involucra seguridad, protección civil, competencia y la manera en que Playa del Carmen organiza una oferta de alojamiento que se ha diversificado con las plataformas digitales.
El municipio destaca el impacto económico de las plataformas
El tesorero también defendió la importancia económica de las rentas vacacionales para Playa del Carmen. Según explicó, quienes se hospedan en estos inmuebles realizan gastos en establecimientos ubicados fuera del lugar donde pernoctan.
Restaurantes y comercios pueden recibir parte de esa derrama económica. En este modelo, sostuvo, el consumo puede distribuirse entre distintos negocios de la ciudad.
En cambio, el esquema de hospedaje todo incluido concentra una mayor proporción del gasto dentro del propio complejo hotelero.
Por ello, la administración municipal considera que las rentas vacacionales también forman parte de la dinámica económica del destino y no únicamente de una discusión regulatoria.
La intención es que esa actividad opere dentro de un marco de obligaciones municipales. Para conseguirlo, la primera apuesta será la participación de los propietarios.
Mientras tanto, las ocho semanas siguientes al arranque de la plataforma permitirán al Ayuntamiento reunir información sobre el nivel de respuesta. A partir de esos resultados podrá determinar si mantiene el esquema de autodeterminación o si requiere implementar visitas de verificación.
La decisión, por ahora, es esperar. El gobierno municipal no descarta revisar directamente los inmuebles, pero primero quiere comprobar si los propietarios responden al llamado de regularización.
Así, el siguiente movimiento dependerá de la participación del sector. Si la incorporación avanza, el municipio podrá mantener la estrategia inicial. En cambio, una respuesta insuficiente podría abrir la puerta a nuevas acciones de verificación.
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