El Senado de la República aprobó este sábado, con 68 votos a favor y 35 en contra, la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, como parte de una amplia reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La iniciativa, que ahora pasa a discusión en la Cámara de Diputados, establece la sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un órgano autónomo, por un nuevo ente público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía, lo que ha generado un fuerte debate entre oficialismo y oposición.
Una nueva Comisión bajo control del Ejecutivo
La nueva Comisión Nacional Antimonopolio será la encargada de garantizar la libre concurrencia y la competencia económica en todos los mercados del país. Según el dictamen, este cambio busca “modernizar” la estructura institucional para administrar con mayor eficiencia los recursos públicos, fortaleciendo la rectoría económica del Estado.
Desde Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena defendió la reforma como una medida para “recuperar el control del Estado sobre los intereses económicos”, argumentando que la competencia no puede estar supeditada a intereses privados y debe responder al interés público y social.
Por su parte, el senador del Partido Verde, Waldo Fernández González, aseguró que el objetivo es crear una autoridad capaz de combatir prácticas anticompetitivas, que encarecen productos y servicios para los consumidores.
Duras críticas desde la oposición
La oposición, sin embargo, acusó que la reforma es un retroceso en materia de autonomía institucional y que concentra excesivamente el poder en el Ejecutivo federal.
El panista Marko Cortés Mendoza advirtió que la desaparición de la Cofece rompe los contrapesos constitucionales, generando incertidumbre y un clima desfavorable para la inversión. “Lo único que provocan es desempleo y fuga de capitales”, sentenció.
Desde el PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís calificó la medida como “profundamente regresiva” y denunció que con el pretexto de simplificación administrativa se pone en riesgo la imparcialidad en la toma de decisiones. “Una comisión subordinada al Ejecutivo compromete la certeza jurídica de los inversionistas”, alertó.
En esa línea, el senador de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón, argumentó que el cambio no solo debilita instituciones, sino que perjudica directamente a los consumidores y a la competitividad del país, al reducir la independencia que debe tener cualquier organismo regulador en materia económica.
Propuestas rechazadas
Durante la discusión en lo particular, senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a artículos clave como el 3, 12, 13 bis, 23 y 77 bis de la Ley Federal de Competencia Económica. Sin embargo, todas fueron rechazadas por la mayoría, por lo que el dictamen fue aprobado finalmente con 72 votos a favor y 34 en contra.
El dictamen será ahora revisado por la Cámara de Diputados, donde se espera una nueva ronda de debate. Mientras tanto, diversos analistas y organismos empresariales han comenzado a manifestar preocupaciones sobre el impacto que esta reforma podría tener sobre la autonomía regulatoria, la atracción de inversiones y la certidumbre jurídica.
La aprobación de esta ley se enmarca en un rediseño institucional más amplio promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que también incluye la transformación del IFT en la nueva Agencia de Transformación Digital y reformas en materia de población y búsqueda de personas. Para sus detractores, el conjunto de estos cambios representa un peligroso avance del poder presidencial sobre órganos autónomos. Para sus defensores, un intento por recuperar el control estatal sobre sectores estratégicos y fortalecer la justicia económica.
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