Un tribunal federal bloqueó la orden del presidente Donald Trump de movilizar tropas a California, al considerar que la medida excedía su autoridad y violentaba la Décima Enmienda.
El juez Charles Breyer, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, falló este jueves en contra de la decisión de la Casa Blanca de federalizar la Guardia Nacional de California y desplegarla en Los Ángeles. Según la resolución, esta medida excedió los límites legales y constitucionales del poder ejecutivo, al intervenir en funciones estatales sin autorización.
La sentencia señala que el presidente no puede anular la autoridad del gobernador estatal para controlar a sus fuerzas de seguridad, y devolvió ese control al mandatario californiano, Gavin Newsom. Breyer afirmó que la acción de Trump violaba directamente la Décima Enmienda, que reserva a los estados las facultades no delegadas al gobierno federal. “Sus acciones fueron ilegales”, sentenció el magistrado.
Protestas, arrestos y militarización sin precedentes
La orden presidencial pretendía utilizar a más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines activos para apoyar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de protestas masivas por políticas migratorias en Los Ángeles. El juez Breyer consideró injustificado el uso de tropas bajo el Título 10 del Código de EE. UU., que permite movilización federal en casos de invasión o insurrección. En opinión del magistrado, las protestas no constituían ninguno de esos supuestos.
El Departamento de Justicia, que ya anunció una apelación, argumentó que el presidente tiene total discrecionalidad para actuar en emergencias. Sin embargo, Breyer desestimó esa lectura, criticando que la Constitución sea interpretada como si concediera poderes absolutos. “La Constitución es un documento de límites. No somos una monarquía”, enfatizó.
Desde el inicio del despliegue, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró un toque de queda nocturno. El Departamento de Policía reportó más de 400 arrestos en las manifestaciones. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, al menos 330 migrantes han sido detenidos desde el viernes, de los cuales 113 tenían antecedentes penales.
El gobernador Newsom celebró el fallo y pidió al presidente cesar la “militarización ilegal” del estado.
En redes sociales, escribió: “El ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de nuestra ciudad. Esta victoria es para todo el país”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó el fallo judicial y dijo que los tribunales no deben intervenir en asuntos de seguridad nacional. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la operación y dijo que aún hay “decenas de miles de objetivos migratorios”, sin precisar detalles.
Por su parte, el fiscal general del estado, Rob Bonta, calificó el despliegue como una “provocación incendiaria”. Argumentó que colocar tropas en las calles sin respetar las leyes que restringen su uso en funciones policiales civiles pone en riesgo a la comunidad. En los documentos judiciales, exigió que las tropas no participaran en arrestos, registros ni puestos de control.
El fallo de Breyer responde a una demanda presentada por Newsom y otros funcionarios estatales. El juez también rechazó la idea del Departamento de Justicia de que el gobernador fuera un mero intermediario de la Casa Blanca. “El gobernador no es un conducto para el poder federal”, escribió.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración Trump y varios estados por el control de las fuerzas armadas en contextos civiles. Aunque la Ley de Insurrección de 1792 permite ciertos despliegues federales, su aplicación en este caso sigue siendo debatida.
Hasta el miércoles, al menos 2.800 elementos de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina permanecían desplegados bajo el mando de la Fuerza de Tarea 51, mientras otros 2.000 seguían bajo control federal, según cifras del Pentágono.
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