La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió este miércoles 16 de julio un contundente rechazo al aumento tarifario del 7% anunciado por Uber, calificándolo como “contrario a los compromisos” adquiridos con el gobierno mexicano.
La medida, comunicada por la empresa a sus trabajadores como respuesta a los costos derivados de la reciente reforma laboral para choferes y repartidores de plataformas digitales, desató una fuerte reacción oficial a solo 15 días del inicio del piloto obligatorio. En un comunicado, la STPS condenó el incremento unilateral, argumentando que carece de sustento, ya que la reforma fue resultado de un diálogo con plataformas como Uber, donde se evaluaron las implicaciones y se acordó no elevar tarifas ni afectar los ingresos de trabajadores y consumidores.
“Este incremento resulta preocupante al no contarse con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos ni el número exacto de trabajadores formalizados”, señaló la dependencia, subrayando que el objetivo de la reforma es dignificar el trabajo y garantizar protección social.
La STPS destacó que el modelo de negocio de Uber se beneficia directamente del esfuerzo de los conductores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos. Frente a esto, el gobierno reafirmó su compromiso con la justicia social y laboral, advirtiendo que no tolerará prácticas que trasladen injustificadamente costos a trabajadores y usuarios.
En coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se anunciaron operativos nacionales para vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar políticas tarifarias irregulares. El llamado a Uber y otras plataformas es claro: actuar con responsabilidad social y respetar los acuerdos, evitando medidas que perjudiquen la economía familiar y los derechos laborales.
Esta postura refleja la determinación del gobierno de Claudia Sheinbaum de proteger a los trabajadores del sector digital frente a decisiones corporativas cuestionadas.
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