La dependencia federal determinó que Inmobiliaria Coco Beach realizó actividades sin autorización ambiental y frenó el proyecto para intervenir la zona costera de Playa del Carmen.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto promovido por Inmobiliaria Coco Beach para instalar un atenuador de oleaje y realizar trabajos de relleno con arena frente al hotel The Reef Coco Beach, en Playa del Carmen.
La resolución se produce después de que la autoridad ambiental detectara que previamente se habían realizado actividades relacionadas con el proyecto sin contar con autorización en materia de impacto ambiental.
La propuesta fue presentada en abril de 2024 y contemplaba intervenir la Zona Federal Marítimo Terrestre y el área marina ubicada frente a la zona sur del hotel.
El objetivo planteado por la empresa era estabilizar y recuperar el arenal mediante infraestructura marina y la relocalización de arena.
Sin embargo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) determinó que existían elementos que impedían autorizar el proyecto en los términos planteados.
El proyecto contemplaba un rompeolas de 50 metros
La propuesta de Inmobiliaria Coco Beach contemplaba la construcción de un atenuador de oleaje de 50 metros de largo por 2.4 metros de ancho.
La estructura funcionaría como un rompeolas y estaría conectada con tierra mediante una estructura tipo muelle de madera de 45 metros de longitud y 2.4 metros de ancho, sostenida sobre pilotes.
Además, el proyecto incluía la relocalización de arena con la intención de acelerar la recuperación de la playa.
La infraestructura pretendía modificar las condiciones del oleaje frente al hotel para favorecer la recuperación y estabilidad del arenal.
No obstante, durante la evaluación ambiental, la DGIRA señaló que previamente se habían ejecutado actividades sin contar con la autorización correspondiente.
La dependencia también identificó inconsistencias relacionadas con un procedimiento ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con el resolutivo, la promovente no presentó la resolución correspondiente de Profepa. Por ello, la autoridad ambiental no pudo determinar si las actividades mencionadas por la empresa eran las mismas que habían sido observadas durante el análisis del proyecto.
La DGIRA consideró que esta situación contraviene disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Semarnat advierte que no podrán continuar las obras
Como consecuencia de la resolución, Semarnat estableció que Inmobiliaria Coco Beach no podrá ejecutar obras o actividades relacionadas con el proyecto mientras no cuente con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.
La dependencia también advirtió que realizar o continuar trabajos sin el permiso requerido puede derivar en sanciones y posibles afectaciones al ambiente conforme a la legislación vigente.
La determinación coloca el proyecto frente a un nuevo escenario regulatorio, pues la intervención de la zona marina y costera no podrá avanzar únicamente con la propuesta presentada por la empresa.
Además, el antecedente de actividades realizadas sin autorización se convirtió en uno de los elementos centrales considerados por la autoridad federal para emitir el resolutivo.
La resolución ocurre en un municipio donde la erosión de playas se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales y turísticos.
Estefanía Mercado ha planteado recuperar las playas con un plan integral
El problema de la erosión no es nuevo para el gobierno municipal. Desde 2025, Estefanía Mercado ha planteado la recuperación de los arenales como una prioridad vinculada tanto con la protección ambiental como con la actividad turística.
Durante un recorrido por Playa El Recodo, una de las zonas históricamente más afectadas por la pérdida de arena, la presidenta municipal sostuvo que las playas representan uno de los principales activos del destino.
“Porque nuestras playas son nuestro mayor tesoro y el corazón de nuestro turismo, nos reunimos con todos los sectores y todas las voces importantes de Playa del Carmen para construir juntos un plan integral de rescate que proteja y conserve nuestras costas, asegurando que sigan siendo el orgullo de nuestra gente y un destino de clase mundial”, señaló.
En aquella estrategia participaron empresarios, prestadores de servicios turísticos, representantes hoteleros y autoridades municipales.
Mercado también ha señalado que la erosión tiene una dimensión ambiental, pero al mismo tiempo representa un problema para la economía del destino debido al peso que tienen las playas en la actividad turística de Playa del Carmen.
La postura municipal ha sido impulsar soluciones mediante coordinación entre los sectores público y privado, además de estudios para conocer el estado de los arenales y establecer estrategias de recuperación.
La recuperación costera enfrenta un reto ambiental
El rechazo de Semarnat ocurre mientras Playa del Carmen mantiene distintos frentes relacionados con la conservación de sus playas.
En agosto, autoridades federales y estatales acordaron reforzar acciones para enfrentar el sargazo y utilizar tecnología orientada a reducir la erosión de los arenales del Caribe mexicano. En esas labores también participó el gobierno municipal de Playa del Carmen.
La discusión sobre cómo recuperar las playas, por tanto, no se limita a un proyecto particular. Involucra también el manejo del sargazo, la dinámica de las corrientes marinas, la pérdida de arena y la protección de la zona costera.
En este contexto, la resolución de Semarnat establece un límite concreto para el proyecto frente al The Reef Coco Beach: no podrán ejecutarse las obras planteadas sin contar previamente con la autorización ambiental correspondiente.
Por ahora, la empresa deberá atender las observaciones de la autoridad ambiental y cumplir con el procedimiento establecido antes de intentar avanzar con cualquier intervención en esa zona.
La decisión también vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrenta Playa del Carmen: recuperar sus playas sin generar nuevas afectaciones ambientales y bajo los procedimientos que exige la legislación.
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