La exconsejera presidenta pasó de recibir elogios de López Obrador y ocupar la máxima posición del árbitro electoral a dejar el cargo en medio de filtraciones, señalamientos sobre proveedores, investigaciones administrativas y una denuncia ante la FGR.
La caída de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzó con una denuncia penal ni con una resolución que acreditara actos de corrupción. Comenzó con una serie de revelaciones periodísticas sobre su cercanía con un empresario que tenía negocios con organismos electorales, continuó con videos y audios que exhibieron conversaciones privadas y presuntos acuerdos económicos, y terminó con su renuncia, mientras las autoridades comenzaron a revisar contratos y posibles conflictos de interés.
El caso adquirió una dimensión política cuando la presidenta Claudia Sheinbaum endureció sus declaraciones contra la exfuncionaria y recordó que Andrés Manuel López Obrador había respaldado públicamente su nombramiento en 2023, al describirla como una mujer íntegra y proveniente de una familia honesta.
El 9 de noviembre, Sheinbaum sostuvo que su antecesor no podía anticipar lo que ocurriría dos años después y lanzó una de sus declaraciones más contundentes sobre la exconsejera:
“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo de México y lo sostengo”.
Pero detrás del choque de declaraciones hay una historia que involucra a proveedores electorales, funcionarios del INE, organismos locales, una investigación sobre empresas que presuntamente simulaban competencia y grabaciones cuyo contenido todavía debe ser examinado por las autoridades.
Una trayectoria de décadas dentro del sistema electoral
Guadalupe Taddei Zavala nació en Cananea, Sonora, y estudió Administración Pública en la Universidad de Sonora. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente dentro de las instituciones electorales.
Ingresó al servicio público en la década de 1980 y posteriormente ocupó cargos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su carrera electoral avanzó dentro del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde desempeñó funciones en áreas técnicas y operativas.
Entre sus responsabilidades estuvieron la dirección del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes, la dirección del Sistema Nacional de Consulta Electoral y la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores en Sonora, cargo que desempeñó de 2003 a 2014.
En octubre de 2014 fue designada consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, posición que ocupó hasta 2021. Durante ese periodo encabezó los procesos electorales de 2015 y 2021, en los que resultaron electos como gobernadores Claudia Pavlovich, del PRI, y Alfonso Durazo, de Morena.
En 2019 también presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. Posteriormente, en febrero de 2022, fue nombrada comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Su llegada a la presidencia del INE ocurrió el 31 de marzo de 2023, cuando la Cámara de Diputados recurrió a la insaculación, es decir, a un sorteo, después de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría calificada para elegir a la persona titular del organismo.
Taddei fue seleccionada entre las integrantes de la quinteta correspondiente y se convirtió en la primera mujer en presidir el INE. El 3 de abril rindió protesta para un periodo que debía concluir en 2032.
El respaldo de López Obrador que hoy vuelve al debate
La designación de Taddei recibió el respaldo público del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El 31 de marzo de 2023, horas después de conocerse el resultado de la insaculación, el mandatario habló de su trayectoria y de su familia.
“Es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra”, afirmó López Obrador, en una referencia al entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova.
El mandatario también dijo que no conocía personalmente a Taddei, pero sí a sus familiares, a quienes describió como personas progresistas, demócratas y honestas.
Sobre el procedimiento de selección, defendió que la aspirante había sido examinada por una comisión legislativa y que el sorteo representaba un mecanismo transparente.
Ese respaldo es ahora parte de la controversia política. Durante la conferencia del 9 de noviembre, una periodista reprodujo el audio de aquellas declaraciones y preguntó a Sheinbaum por el contraste entre los elogios de López Obrador y los señalamientos que actualmente rodean a la exconsejera.
La presidenta respondió que su antecesor no sabía lo que ocurriría dos años después y volvió a sostener su acusación de traición.
También insistió en que Taddei no llegó al INE por una designación directa de Morena, sino mediante el procedimiento de insaculación aprobado en la Cámara de Diputados. Recordó que la selección de la quinteta contó con el aval de las fuerzas políticas, con excepción de Movimiento Ciudadano.
La explicación política de Sheinbaum busca separar el respaldo que recibió Taddei en 2023 de las investigaciones actuales. Sin embargo, el procedimiento legal de nombramiento y las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión son asuntos distintos: haber sido elegida mediante sorteo no la exime de rendir cuentas por decisiones administrativas, pero tampoco demuestra por sí mismo que haya cometido alguna irregularidad.
La primera señal pública apareció con su chofer y los proveedores
Las primeras revelaciones que colocaron a Taddei bajo escrutinio no fueron las grabaciones personales que posteriormente circularon.
Reportajes periodísticos comenzaron a señalar posibles vínculos entre personas de su entorno y empresas proveedoras de material electoral. Uno de los datos que llamó la atención fue que Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñaba como chofer de la entonces presidenta del INE, aparecía como apoderado legal de una compañía contratista.
El hallazgo abrió preguntas sobre los posibles conflictos de interés dentro de la estructura administrativa del organismo.
Después se conoció la existencia de un grupo de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Entre las compañías señaladas aparecen Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, además de otras firmas vinculadas con el suministro de materiales y servicios electorales.
Las investigaciones periodísticas describieron una red de siete empresas que participaban en procedimientos de contratación del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El punto más delicado no es únicamente que varias empresas obtuvieran contratos, sino la hipótesis de que compañías con representantes legales y socios relacionados habrían simulado competir entre sí para participar en licitaciones públicas.
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso ante diputados que cinco empresas compartían representantes legales y que el patrón detectado apuntaba a una posible colusión o simulación de competencia.
De acuerdo con su comparecencia, las cinco compañías habrían concentrado alrededor de 2 mil 461 millones de pesos y una participación de 77 por ciento del mercado analizado. El funcionario también informó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales.
Estas cifras corresponden a operaciones bajo revisión y no significan que todo ese dinero haya sido obtenido ilegalmente ni que exista una sentencia que acredite un acuerdo delictivo.
Los videos con Alfredo Hernández Casillas cambiaron la dimensión del escándalo
El 20 de octubre de 2026 se difundió una de las primeras grabaciones que hizo pública la cercanía entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con Cajas Graf.
En el material, ambos aparecen durante una celebración del Grito de Independencia. El empresario pronuncia una frase que después adquirió notoriedad:
“¡Viva la amistad, viva la lealtad, viva la fraternidad!”.
La difusión de esas imágenes, sumada a los reportajes sobre las empresas proveedoras, colocó bajo cuestionamiento la relación entre la titular del organismo electoral y un empresario cuyos negocios dependían de contrataciones públicas.
Posteriormente aparecieron videos de una celebración familiar por el cumpleaños de Taddei, organizada por Hernández Casillas, así como imágenes de uno de los hijos de la exconsejera en una suite de hotel en París, acompañado por el empresario.
En otra grabación, Hernández Casillas se dirige a Taddei como “la reina”, mientras ella responde: “Ay, cómo eres, Alfredo”.
También se difundió una conversación telefónica en la que ambos intercambian expresiones afectuosas, entre ellas “te amo”.
El contenido de esos materiales exhibió una cercanía personal que, por la posición pública de Taddei y los contratos relacionados con el empresario, abrió cuestionamientos sobre la separación entre sus relaciones privadas y las decisiones institucionales.
La relación personal, por sí sola, no constituye un delito. El problema que deben esclarecer las autoridades es si existieron beneficios, intervención en contrataciones, conflictos de interés o acuerdos económicos vinculados con recursos públicos.
La grabación sobre millones de dólares elevó la presión
El 3 de noviembre se difundió uno de los materiales más delicados del caso. En él, Taddei aparece junto a Hernández Casillas revisando cifras y anotaciones relacionadas con contratos vinculados con la credencial para votar y servicios tecnológicos.
En el video, el empresario habla de una distribución de porcentajes y menciona a Ramón Mondragón, relacionado con la empresa HuBOX.
“Estamos 70 Ramón y 30 nosotros”, se escucha decir a Hernández Casillas mientras realiza cálculos.
En otro momento agrega:
“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar. ¿Estás de acuerdo?”.
La conversación fue presentada como una presunta discusión sobre el reparto de ganancias derivadas de contratos electorales. El empresario menciona una cifra aproximada de 15 millones de dólares como resultado de sus cálculos.
El material representa un elemento de especial relevancia para las investigaciones porque ya no se limita a mostrar una convivencia personal: exhibe una conversación sobre cantidades económicas relacionadas con negocios del sector electoral.
Sin embargo, las grabaciones difundidas por medios de comunicación no sustituyen una auditoría ni una investigación ministerial. Para establecer responsabilidades será necesario verificar su autenticidad, contexto, origen, participantes, operaciones financieras y posible correspondencia con contratos públicos.
La ruptura con el contratista y las amenazas difundidas
El 6 de noviembre se conocieron nuevos videos y audios que mostraron un deterioro en la relación entre Taddei y Hernández Casillas.
En uno de los materiales, el empresario habla de desacuerdos por contrataciones y de información que habría resguardado en el extranjero. En otro, expresa molestia por lo que considera una distribución injusta de beneficios y afirma:
“Ella robó, yo robé”.
La frase forma parte de una grabación atribuida al empresario y no constituye una confesión judicial ni una prueba suficiente para establecer la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
En otro fragmento, Hernández Casillas advierte sobre las consecuencias de que algo le ocurra y asegura que existen declaraciones y materiales fuera de México.
“Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE”, expresa en una de las grabaciones difundidas.
El contenido sugiere un conflicto entre el empresario y la exfuncionaria, pero también deja preguntas sobre la naturaleza de los acuerdos que ambos pudieron haber mantenido y sobre la información que el contratista afirma tener.
La publicación de estos materiales convirtió el caso en una crisis institucional: las revelaciones ya no solamente involucraban contratos y posibles beneficios, sino también amenazas, disputas económicas y presuntos mecanismos de presión.
Taddei primero dijo que no se iría y después presentó su renuncia
La reacción inicial de la entonces presidenta del INE fue rechazar la posibilidad de abandonar el cargo.
El 24 de octubre, durante una reunión con consejeros electorales, manifestó que no tenía intención de renunciar y atribuyó los cuestionamientos a un supuesto golpeteo político.
“No me voy”, fue la frase que trascendió de ese encuentro.
Un día después, el 25 de octubre, el INE difundió un comunicado en el que anunció que Taddei presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados. El documento fue retirado temporalmente y posteriormente volvió a circular.
La dimisión fue presentada el 26 de octubre. En su mensaje, Taddei justificó la decisión con el argumento de que la responsabilidad institucional debía prevalecer sobre cualquier interés personal.
“El Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal”, señaló en su carta.
También sostuvo que la estabilidad, independencia y fortaleza del organismo eran prioritarias para garantizar los derechos electorales de la ciudadanía.
Su salida no equivale a una admisión de culpabilidad. Tampoco cancela las investigaciones ni elimina la obligación de esclarecer las contrataciones realizadas durante su gestión.
Tras su renuncia, Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del INE.
Las investigaciones alcanzan a funcionarios y empresas
El Órgano Interno de Control del INE informó el 30 de octubre que existían 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei.
De ellos, 13 permanecían en investigación y cinco habían avanzado a procedimientos de responsabilidades administrativas, con citatorios para audiencias iniciales contra servidores públicos señalados.
El contralor también informó que la revisión comprendía al INE, a los organismos electorales locales, a empresas proveedoras y a personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los procedimientos.
Entre las compañías mencionadas por el funcionario se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast México.
La Unidad de Inteligencia Financiera también ha sido vinculada con la revisión de operaciones de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Además, el INE informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue posibles conductas delictivas y determine si existen elementos para fincar responsabilidades.
La nueva presidencia del organismo también confirmó que se separó a 30 trabajadores, incluidos tres de nivel directivo, mientras se revisa la estructura administrativa y el funcionamiento de las áreas.
Estos movimientos no significan que todas las personas separadas estén acusadas de un delito. Tampoco que los cinco procedimientos administrativos contra servidores públicos equivalgan a sentencias penales.
Sheinbaum cambia el tono y pide sanear el INE
La postura de la presidenta también ha evolucionado conforme se conocieron nuevas revelaciones.
En un primer momento, Sheinbaum sostuvo que las responsabilidades debían determinarse mediante auditorías e investigaciones institucionales. También recordó que Taddei había llegado a la presidencia del INE por insaculación y que su trayectoria en el sistema electoral sonorense comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
En la conferencia del 5 de noviembre, la mandataria explicó que Taddei había sido nombrada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Córdova.
Con ello buscó precisar que su trayectoria institucional no comenzó con Morena ni con el gobierno de López Obrador.
La presidenta también sostuvo que las investigaciones deben alcanzar los contratos y las estructuras que pudieran haber permitido irregularidades, incluso si algunas de ellas tienen antecedentes anteriores a la llegada de Taddei a la presidencia nacional del organismo.
El 9 de noviembre endureció su posición:
“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo de México y lo sostengo”.
Además, planteó que el INE necesita sanear sus procedimientos de contratación y establecer reglas que impidan la concentración de proveedores y la simulación de competencia.
La declaración tiene una dimensión política, pero la responsabilidad legal de Taddei y de los demás involucrados deberá establecerse por las autoridades competentes, no mediante los señalamientos de la Presidencia.
La pregunta que sigue sin respuesta es quién autorizó y quién se benefició
El caso Taddei ya provocó la salida de la titular del organismo electoral, la separación de decenas de trabajadores, la apertura de expedientes administrativos y una denuncia ante la Fiscalía.
Pero el fondo del problema todavía está por esclarecerse.
Las autoridades deberán determinar quién intervino en los procedimientos de contratación, cómo se seleccionaron las empresas, si existió competencia real, qué funcionarios participaron, si hubo conflictos de interés y, sobre todo, si el dinero público terminó beneficiando a personas ajenas al propósito de los contratos.
También será necesario revisar si el esquema de proveedores señalado operó únicamente durante la gestión de Taddei o si sus antecedentes se remontan a administraciones anteriores. El propio Órgano Interno de Control ha descrito el problema como una estructura que alcanzaría a distintos organismos electorales y que tendría antecedentes desde 2014.
La salida de Taddei resolvió la crisis inmediata en la presidencia del INE, pero no responde por sí misma a las preguntas sobre el manejo de los recursos públicos.
Y ahí está el verdadero alcance del caso: el organismo encargado de garantizar elecciones libres y confiables ahora debe demostrar que sus propios procesos de contratación pueden ser revisados, auditados y sancionados sin proteger a quienes hayan intervenido, independientemente del cargo que ocuparon o de sus relaciones políticas y personales.
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