Una moción para disolver la Knéset fue rechazada mientras sigue el choque entre partidos religiosos y la Corte Suprema por el reclutamiento militar de ultraortodoxos.
El Parlamento de Israel rechazó este jueves una moción clave impulsada por la oposición para disolver la Knéset y adelantar las elecciones, en un contexto de aguda tensión por la disputa interna en torno al reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos. La votación, que culminó tras una sesión maratónica, finalizó con 61 votos en contra y 53 a favor. Esto permitió al primer ministro Benjamin Netanyahu ganar tiempo en medio del descontento creciente incluso dentro de su coalición.
El intento fue liderado por el partido centrista Yesh Atid, encabezado por el líder opositor Yair Lapid, como respuesta al estancamiento en la aprobación de una legislación que defina el futuro del servicio militar obligatorio para los haredíes. Estos sectores religiosos, históricamente exentos del reclutamiento por dedicarse al estudio religioso, se convirtieron en el centro de una disputa política, judicial y social sin resolver desde hace años.
Desde junio de 2024, la exención de los estudiantes de yeshivá dejó de tener validez legal tras la expiración de una cláusula temporal. En consecuencia, el Tribunal Supremo israelí ordenó al Ejército comenzar el reclutamiento de estos hombres. Esa decisión profundizó la división entre los partidos que sostienen al gobierno de Netanyahu.
El juego político de la coalición
Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá amenazaron con abandonar la coalición si no se garantizaba una nueva ley que preserve las exenciones. Sin embargo, a último momento votaron en contra de la disolución parlamentaria. Alegaron que habían llegado a lo que llamaron “principios de entendimiento” con el Likud sobre un nuevo marco legal.
“No hay razón para seguir dando tiempo a un gobierno que no gobierna”, declaró Lapid en el pleno. Reconoció, sin embargo, que los números no le alcanzaban para forzar nuevas elecciones. La negativa de la oposición a postergar la moción dejó al descubierto la fractura latente en la coalición y los límites del poder negociador de Netanyahu.
El Ejército israelí ya anticipó que no tiene capacidad para procesar ni encarcelar a miles de potenciales desertores ultraortodoxos. Por eso, la propuesta que se discute dentro de la coalición incluye cuotas mínimas de reclutamiento, incentivos y sanciones civiles para quienes no cumplan. Entre las medidas que están sobre la mesa figuran restricciones para obtener licencia de conducir, prohibiciones de viaje al extranjero y pérdida de beneficios sociales.
El dilema legal y social
El presidente del Comité de Defensa, Yuli Edelstein, confirmó que se alcanzó un borrador inicial con los partidos religiosos. Este documento establece metas crecientes de reclutamiento hasta alcanzar el 50 % del grupo convocado en cinco años. Las sanciones se aplicarían desde el inicio del nuevo marco legal en caso de incumplimiento.
Sin embargo, el camino no será fácil. Importantes rabinos de la comunidad haredí emitieron directrices que prohíben colaborar con cualquier ley que incluya cuotas obligatorias. Además, se estima que muchos estudiantes de yeshivá rara vez viajan al extranjero o acceden a educación superior. Esto reduciría el impacto de las medidas punitivas previstas.
La guerra y la presión pública
La guerra en Gaza ha reconfigurado las expectativas sociales sobre el reparto de responsabilidades. La movilización de reservistas y la extensión del servicio militar han generado mayor presión sobre el gobierno. Sectores laicos y moderados reclaman que todos los ciudadanos contribuyan por igual a la defensa del país.
La derrota parlamentaria de la moción opositora otorga a Netanyahu un respiro breve. En los próximos días deberá lograr un consenso interno que mantenga a flote su coalición. Necesita evitar un quiebre con los partidos religiosos y contener el descontento de sectores del Likud. Si fracasa, la oposición podría volver a presentar una nueva moción con mayores posibilidades de éxito.
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